Abel Cargua anota su discurso en un cuaderno para no olvidarse. Le pide a un familiar que le grabe un video y detrás de él, otros parientes cargan una gigantografía en la que piden justicia.

El señor, de 62 años, es el padre de uno de los 19 militares procesados por el delito de evasión tras la fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, registrada el 20 de junio del 2025, en la Penitenciaría del Litoral.

Abel asegura que su hijo es inocente y por comprobarlo ha hecho lo imposible. Ha dormido en las terminales terrestres, ha dejado de comer, incluso, vendió sus animales de campo para pagar a los abogados.

Desde la comunidad San Pedro de Llucud, una zona rural del cantón Chambo, en la provincia del Chimborazo, Abel le envía un mensaje al presidente Daniel Noboa para que, según él, se empape del caso y ayude a que los militares acusados, por lo menos, puedan defenderse en libertad.

Abogados de militares cuestionan a la Fiscalía

Los miembros de las Fuerzas Armadas permanecen detenidos en la misma cárcel en la que prestaban sus servicios. Este 29 de julio se conocerá la resolución de la apelación a la prisión preventiva que presentaron los abogados de los miliateres. 

La diligencia se realizará luego de que se difirió por dos ocasiones en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Uno de los juristas que conforman la defensa técninca, Christian Roca, explica que la Fiscalía habría formulado cargos sin que existan elementos de convicción sustanciales en contra de los procesados.

Según él, se solicito prisión preventiva por una bitácora mutilada a la cual se le habría hecho la pericia técnica y supuestamente resultó que no les pertenecía a los miembros de las Fuerzas Armadas. “Los jueces le preguntaron a la fiscal si la bitácora es responsabilidad de los militares y ella dijo que no lo ha podido determinar”.

Esta sería la única prueba que tiene el ministerio público para mantener a los uniformados tras las rejas.

Roca añade que este elemento es un libro de registro en el que se anota situaciones encomendadas al responsable del mismo de ciertas actividades dentro de la cárcel como la hora de entrada, salida de personas que permanecen en el interior.

Hasta el momento, según el jurista se ha determinado que no era de los militares y otras instituciones como el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y la Policía también manejan este tipo de bitácoras.

El abogado conluye que si la misma Fiscalía no puede compronar que dicho elemento pertenece al personal del Ejército, los procesados no deberían estar con prisión preventiva.

Armada critica al Gobierno

El el contexto de ceremonia de conmemoración del aniversario número 84 de la batalla Batalla de Jambelí, el 25 de julio, en Guayaquil, el Almirante Pablo Caicedo Salvador, comandante general de la Armada del Ecuador dedicó unos segundos de su discurso para referirse a este caso.

En el marco de las funciones que cumple la armada ecuatoriana, el oficial destacó las acciones que realizan para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en alta mar y en los puertos guayaquileños.

Sin embargo subrayó que también han colaborado en la seguridad interna puntualizando su trabajo dentro de la cárcel del Litoral refiriéndose a esta como la más compleja y numerosa del país.

Con respecto al caso de los militares detenidos indicó que su esfuerzo “no ha sido comprendido por ciertas entidades del país”. Añadió que la detención de los miembros del Ejército ha sido injusta e inconstitucional.

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