Una serie de allanamientos simultáneos remeció la madrugada de este martes 17 de junio los cantones de Montecristi, Manta y Portoviejo, como parte de la operación denominada Narcotentáculos, liderada por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional del Ecuador.

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Las intervenciones se ejecutaron en oficinas y domicilios de funcionarios judiciales vinculados a la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada.

La indagación se inició en agosto de 2024, luego de que la Fiscalía recibiera los testimonios anticipados de dos exjueces sentenciados por corrupción judicial, quienes confesaron haber recibido altas sumas de dinero a cambio de otorgar acciones judiciales ilegítimas a favor de miembros de estructuras delictivas. Estas revelaciones, surgidas en el marco del denominado Caso Plaga, encendieron las alertas sobre la posible existencia de una red más amplia enquistada en el sistema judicial de la provincia.

En el contexto de esta nueva línea investigativa, se solicitaron —mediante acto urgente— órdenes de allanamiento con el objetivo de incautar evidencias que respalden la presunta participación de funcionarios judiciales aún en funciones en el delito de delincuencia organizada. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, pero se prevé que en las próximas horas la Fiscalía y el Ministerio del Interior brinden una rueda de prensa con detalles de los hallazgos.

Sentenciados por el caso Plaga

El Caso Plaga se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en Ecuador. Como resultado, cuatro jueces fueron sentenciados por el delito de delincuencia organizada: tres de ellos ejercían en Manabí y uno en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Uno de los principales implicados fue Ángel Lindao, exjuez de La Concordia (Santo Domingo), quien fue condenado a seis años y tres meses de prisión por corrupción judicial. Lindao fue sentenciado el 22 de enero de 2024 por el Caso Plaga, aunque ya contaba con una condena previa en el Caso Metástasis, lo que evidenció su conexión con redes criminales de alto nivel.

Los otros tres jueces sentenciados y destituidos por el Consejo de la Judicatura ejercían en distintas unidades judiciales de Manabí:

• Simón Oswaldo García Tello, juez de la Unidad Judicial Multicompetente en materias no Penales y de Adolescentes Infractores de Paján.

• Joffre Javier Rivera Rodríguez, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Chone.

• Byron Michael Orejuela Giler, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Flavio Alfaro.

Los cuatro fueron hallados culpables de integrar una estructura criminal que, desde el interior del sistema judicial, otorgaba beneficios indebidos a personas procesadas o vinculadas con organizaciones delictivas, a cambio de sobornos.

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