La Corte Constitucional de Ecuador suspendió de forma cautelar la convocatoria del presidente Daniel Noboa para celebrar un referéndum consultivo destinado a poner en marcha una Asamblea Constituyente que elabore una nueva constitución. La medida llegó después de que el tribunal admitiera a trámite hasta cinco demandas de inconstitucionalidad contra la convocatoria, emitida —según la propia Corte— sin el dictamen favorable previo que exige la Constitución.

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En su comunicado, el alto tribunal justificó la suspensión con claridad: “Estas decisiones se adoptaron en estricto respeto de la Constitución y la ley, con el único propósito de prevenir que se produzcan efectos irreversibles que pongan en riesgo la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de todas y todos los ecuatorianos”. 

La Corte añadió que, tras la suspensión cautelar, continuará con el análisis de las acciones “con la independencia, celeridad y transparencia que exige nuestra función”.

La Constitución vigente fija un requisito claro: cualquier referéndum que plantee cambios constitucionales debe esperar un dictamen previo y favorable del tribunal encargado de la interpretación constitucional. La convocatoria presidencial, celebrada sin esa validación, abrió de inmediato una vía judicial que ahora frena temporalmente el proceso político diseñado por el Ejecutivo.

El episodio profundiza el enfrentamiento político entre el presidente y el máximo intérprete de la carta magna. Noboa, según fuentes oficiales y cronologías de los hechos en las últimas semanas, ha acusado a la Corte de realizar “activismo político” al limitar medidas y estados de excepción impulsados por el Gobierno. La tensión alcanzó incluso la calle: el gobernante encabezó manifestaciones masivas, una de ellas dirigida contra los magistrados, y elevó el tono de su crítica hacia el tribunal.

¿Qué escenarios se abren tras la suspensión?

La decisión cautelar no cierra del todo la puerta a la iniciativa presidencial, pero sí obliga a un replanteamiento inmediato del calendario y de la estrategia política. Un fallo favorable podría permitir retomar la convocatoria ajustada a los requisitos legales; en cambio, si la Corte confirma la inconstitucionalidad, el Ejecutivo vería cerrada la vía del referéndum y se vería obligado a recurrir a otras alternativas políticas. 

En cualquier caso, la tensión social y política se mantiene latente, con el riesgo de que escale si el Gobierno intenta sortear la decisión por vías extraordinarias o si sectores movilizados intensifican las protestas.

La suspensión acontece en un contexto de gran malestar social. La eliminación del subsidio al diésel hizo que el precio del combustible pasara de 1,80 a 2,80 dólares por galón, un ajuste que encendió manifestaciones del movimiento indígena y de otras organizaciones sociales. 

Frente a esos reclamos, el Gobierno ha decretado estados de excepción en ocho de las 24 provincias y ha impuesto toques de queda nocturnos en cuatro de ellas; además advirtió que denunciará por terrorismo a quienes bloqueen carreteras.

La iniciativa por una nueva Constitución fue una de las promesas de campaña que más marcó la reelección de Noboa en abril, con miras a un mandato completo 2025-2029 tras su llegada al poder en 2023. Para muchos sectores, la propuesta representa una apuesta por reordenar la estructura del Estado; para otros, es un riesgo adicional en una coyuntura ya frágil.

A corto plazo, la pelota queda en la cancha de la Corte: los magistrados deben completar el trámite de las demandas de inconstitucionalidad y decidir si la convocatoria cumple o no con los requisitos legales. Mientras tanto, el país enfrenta una combinación de incertidumbre institucional y presión social que exigirá, según analistas políticos, decisiones de alto voltaje: diálogo y acuerdos para desescalar o, en el extremo, mayor polarización.

La Corte subrayó su papel como guardiana de la norma: “La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos y nuestro compromiso es con la Constitución, con la democracia y con los derechos de cada persona que habita el Ecuador”, apuntó el tribunal.

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