Este viernes 13 de junio de 2025, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador emitió un comunicado contundente en sus redes oficiales, anunciando una ofensiva sin precedentes contra la impunidad judicial que, según el Gobierno, ha permitido que peligrosos criminales salgan en libertad.

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La medida, que une los esfuerzos del Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), responde a un fenómeno que ha indignado a la ciudadanía: la captura repetida de delincuentes que, pese a sus antecedentes, han sido liberados por decisiones judiciales cuestionables.

“La Policía ha tenido que capturar hasta 10 veces a un mismo criminal”, señala el comunicado, en el que se anuncia la ejecución de análisis patrimoniales y de licitud de fondos a jueces, fiscales y su entorno, para determinar si se han beneficiado por facilitar medidas sustitutivas a personas acusadas de delitos graves como narcotráfico, extorsión, secuestro o asesinato.

2025: Un año marcado por la violencia en Ecuador

Ecuador atraviesa en 2025 una de las peores crisis de seguridad de su historia. Solo entre enero y mayo se han registrado más de 3.400 homicidios intencionales según datos del Ministerio del Interior, en un contexto marcado por enfrentamientos entre bandas delictivas, corrupción en las cárceles y un sistema judicial en entredicho.

Uno de los casos más sonados fue el del presunto líder criminal Alfonso Francisco Franco Zúñiga, alias 'Ñoco', quien ahora sería el causante de una serie de hechos violentos registrados recientemente en el distrito Pascuales. En el portal de la Función Judicial consta que Franco Zúñiga registra un proceso por receptación en 2018 y otro por secuestro extorsivo fechado en septiembre de 2022.

Incluso en ciudades pequeñas como Manta o Esmeraldas, la Policía ha denunciado que sus operativos “se vuelven inútiles” cuando los jueces otorgan libertades condicionadas a miembros de bandas conocidas.

Otro caso de este tipo que ha conmocionado fue el del juez Juan Pablo Pulgarín Barreto, quien desempeñaba funciones en la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar de Guayaquil. El pasado 31 de mayo, acogió medidas cautelares a favor de alias Cocacho y alias Pinky, investigados por el secuestro de una comerciante china en Guayaquil. Posteriormente, la víctima fue hallada sin vida días después de su desaparición. Fue suspendido tras identificar una falta gravísima por parte del magistrado.

Nueva estrategia: seguir el dinero de jueces y fiscales

La decisión de investigar el origen patrimonial y financiero de funcionarios judiciales representa una estrategia de “golpe estructural” al problema, según el comunicado. Mientras la Policía continuará con las capturas en las calles, la UAFE aportará inteligencia financiera para identificar a quienes, desde adentro, podrían estar facilitando la impunidad.

“Esto se acabó”, sentencia el texto oficial, dejando claro que habrá una nueva fase de control sobre la función judicial.

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