El excandidato presidencial y dirigente indígena ambientalista Yaku Pérez denunció este martes al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a su esposa, Lavinia Valbonesi, y a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM), responsable del proyecto minero Loma Larga en Azuay, por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

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La acusación fue presentada en la Fiscalía General del Estado en Quito, donde Pérez acudió en representación de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA). Según explicó el líder indígena, la minera habría conseguido la licencia ambiental en junio de este año mediante un “fraude”, después de realizar donaciones a la fundación de Valbonesi, que atiende a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.

Pérez añadió que antes de que el Gobierno emitiera la autorización, se celebraron en Toronto “sendas reuniones” entre la empresa y el presidente Noboa. En sus declaraciones subrayó: “En consecuencia, tanto el señor presidente Noboa, su esposa, Lavinia Valbonesi, y la empresa Dundee Precious Metals incurrieron en los delitos de tráfico de influencias, conflicto de intereses, cohecho, entre otros delitos concurrentes”.

¿Qué implica el caso Loma Larga?

El proyecto minero se localiza a unos 30 kilómetros de Cuenca y tras la obtención de la licencia ambiental se prevé una inversión de entre 400 y 500 millones de dólares para levantar las instalaciones. La explotación minera, según cálculos de la compañía, generará alrededor de 500 empleos directos y permitirá extraer cerca de 925.000 onzas de oro, además de menores cantidades de plata y cobre.

Sin embargo, Yaku Pérez y los colectivos que lo respaldan consideran que el impacto ambiental será devastador. Han advertido que la explotación provocará la desaparición del complejo de lagunas de Quimsacocha, fuente de agua para el 40 % de Cuenca, la tercera ciudad más poblada del país, así como para decenas de comunidades rurales. La empresa ha respondido que la afectación sería mínima, limitada al 0,1 % del curso de un río durante la fase de construcción.

El excandidato presidencial señaló que entregó al Ministerio Público “abundante documentación” como sustento de su denuncia y pidió a la Fiscalía requerir información oficial al Servicio de Rentas Internas, a la Superintendencia de Compañías, a la Presidencia de la República y al Ministerio de Inclusión Económica y Social para indagar sobre la fundación de la primera dama.

¿Qué acciones se vienen?

En su discurso, Pérez afirmó que la lucha contra este proyecto se mantiene firme. Anunció que el próximo 16 de septiembre se llevará a cabo una marcha multitudinaria en Cuenca en defensa del agua. Además, advirtió que si no se revoca la licencia ambiental, el 23 de septiembre comenzará un levantamiento en el sur del país, con epicentro en la capital azuaya.

“Es nuestra obligación luchar contra la corrupción por una responsabilidad ética y por una responsabilidad intergeneracional, porque los compañeros que estamos aquí venimos 30 años defendiendo el agua y no queremos que se explote en Quimsacocha”, manifestó Pérez al subrayar la importancia de mantener la resistencia frente al proyecto Loma Larga.

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