La justicia guatemalteca responde a intereses criminales, denunció el presidente colombiano Gustavo Petro. La declaración se produjo tras conocerse las órdenes de captura emitidas por tribunales guatemaltecos contra la fiscal general colombiana Luz Adriana Camargo y el exministro de Defensa Iván Velásquez, actual embajador designado ante el Vaticano.

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El presidente Petro vinculó las acusaciones contra Camargo y Velásquez por su labor previa en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con lo que calificó como "patrón de persecución judicial". En paralelo, trazó un símil con su propio enfrentamiento con el exfiscal Barbosa en Colombia y el arresto del exmandatario peruano Pedro Castillo.

"Estas fiscalías son instrumentos del crimen", denunció Petro en redes, comparando los casos de Guatemala, Colombia (Barbosa) y Perú (Castillo). Como solución, exigió que la Corte Penal Internacional (CPI) actúe contra lo que llamó "mafias judiciales".

Guatemala solicita arresto de fiscal colombiana

La Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala entidad judicial bajo escrutinio por presuntas irregularidades emitió las órdenes de captura contra los funcionarios colombianos. La decisión responde a una petición del Ministerio Público guatemalteco, que los vincula al escándalo Odebrecht (2017).

El mandatario colombiano advirtió que "los carteles del narcotráfico buscan cooptar sistemas judiciales y gobiernos para blindar sus operaciones ilícitas". Subrayó que "estas redes cometen crímenes de agravio contra Latinoamérica", exigiendo su juzgamiento por tribunales internacionales y mayor financiamiento para estos organismos.

Guatemala anticipó que tomaría acciones legales

El actual conflicto tiene antecedentes: Guatemala ya había amenazado en 2023 con enjuiciar a Velásquez por su gestión en la CICIG, lo que Petro consideró un ataque político. La ONU posteriormente reafirmó que los exmiembros de la comisión gozan de protección legal internacional.

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