El Ministro del Interior, John Reimberg, expresó su indignación frente a magistrados y fiscales que otorgan medidas alternativas a la prisión preventiva como presentaciones periódicas o arresto domiciliario a criminales con "pruebas contundentes de violencia extrema".

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Durante su intervención este lunes 16 de junio en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Reimberg enfatizó que las resoluciones judiciales deben priorizar el interés colectivo sobre cualquier otra consideración. Durante su intervención, el Ministro presentó estadísticas oficiales que detallan que, entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2025, las autoridades capturaron a 33.069 personas. 

Sin embargo, llamó la atención que 9.932 de estos casos equivalente al 30% obtuvieron beneficios como medidas sustitutivas a la prisión preventiva, pese a la gravedad de los delitos cometidos. Mientras la Policía Nacional arresta a individuos vinculados a delitos graves como secuestros y extorsiones, el sistema judicial frecuentemente permite que estos se defiendan en libertad. 

Incluso, criticó que muchos reos que inicialmente son encarcelados logran recuperar su libertad mediante recursos legales. El ministro advirtió que, en cada caso en que un delincuente sea liberado, revelará públicamente los nombres completos de los jueces y fiscales responsables. 

No tendré miedo en hacerlo, como ya lo demostré cuando un magistrado intentó contactarme. La ciudadanía merece saber quiénes toman estas decisiones, afirmó. El conflicto alcanzó su punto crítico cuando dos sospechosos del secuestro y posterior asesinato de comerciantes guayaquileños cuyos cuerpos fueron hallados en una cisterna recibieron medidas alternativas a la prisión.

Datos oficiales revelan altos índices de liberaciones judiciales

El ministro Reimberg justificó la urgencia de la reunión interinstitucional , indicando que esvital frenar estas puertas giratorias que permiten a delincuentes entrar y salir del sistema. Reveló que, de aproximadamente 25 mil arrestos policiales, más de 10 mil personas recuperaron su libertad, cifras que calificó de "inaceptables".

El contexto inmediato fue la sanción del juez Pulgarín Barreto (Guayaquil) por el Consejo de la Judicatura, tras autorizar la liberación de sospechosos en un caso de secuestro con desenlace fatal de la ciudadana china hallada muerta en una cisterna. 

El conglomerado de Guayaquil, Durán y Samborondón (Zona 8) reportó un alarmante incremento del 78% en homicidios durante los primeros cinco meses de 2025, con 1.585 casos registrados hasta mayo. Estas cifras, que superan ampliamente las del mismo periodo del año anterior, refuerzan la crítica ministerial sobre la ineficacia del sistema judicial y justifican las medidas urgentes anunciadas. 

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