El asesinato de once militares ecuatorianos en una emboscada ocurrida el 9 de mayo de 2025 en el sector de Alto Punino, provincia de Orellana, ha generado un fuerte llamado de atención sobre las debilidades estructurales del Estado ecuatoriano frente al crimen organizado, especialmente en zonas fronterizas. Las Fuerzas Armadas realizaban un operativo contra minería ilegal en la Amazonía cuando fueron atacadas por un grupo armado que, según fuentes militares y policiales, estaría vinculado a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC.

La masacre —la más grave registrada contra el Ejército ecuatoriano en años recientes— ha puesto sobre la mesa varias alertas que distintos sectores ya habían emitido, pero que no han sido atendidas con acciones efectivas, según advierten analistas.

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Para Renato Rivera Rhon, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), lo ocurrido no es un hecho aislado, sino el resultado de una serie de omisiones estatales en materia de seguridad, planificación y coordinación institucional. “Lo que evidencia este ataque es la ausencia de coordinación interinstitucional en inteligencia criminal. No tenemos claro quiénes están en el territorio”, expresó Rivera en entrevista con este medio. Añadió que, en términos de planeación, “no hay cambios sustantivos” que permitan contrarrestar la expansión del crimen organizado en regiones clave como la Amazonía.

Masacre de militares en zona difícil acceso

En efecto, la zona donde ocurrió la emboscada —una región selvática de difícil acceso— se ha convertido en los últimos años en un corredor estratégico para economías ilegales como el narcotráfico y la minería sin control. Allí operan grupos armados como los Comandos de la Frontera, que cruzan desde Colombia y disputan territorios a sangre y fuego. Su presencia ha sido advertida desde hace años por organizaciones sociales, pobladores e incluso por autoridades locales, pero la respuesta estatal ha sido limitada.

“Si no se hacen estos cambios estructurales —no solo con palabras— la situación podría empeorar”, advirtió Rivera. “El nivel de infiltración por la rentabilidad del mercado ilícito aumenta hasta un punto donde las instituciones implosionan por su ineficacia. En ese punto, los grupos ya se han tomado o capturado por completo a quienes están a cargo del control”.

La aparente falta de presencia estatal efectiva en amplias zonas del país, sumada a la debilidad institucional, habría sido aprovechada por estructuras delictivas que avanzan con violencia y con capacidad logística superior a la de las autoridades locales. Lo ocurrido en Punino es una muestra de ello.

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El ataque también coincidió con la reinstalación de una audiencia de juicio en Quito contra 13 presuntos miembros de los Comandos de la Frontera, procesados por delincuencia organizada. La Fiscalía los señala como parte de una red que opera entre Colombia y Ecuador, y que estaría involucrada en actividades ilegales como tráfico de armas, drogas y explotación minera.

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