Ericka Beatriz Vera Párraga, una joven madre de 24 años, murió aplastada por un contenedor el martes 24 de junio en la vía Perimetral, al norte de Guayaquil. Tras su trágica muerte, sus tres hijos menores de edad quedaron en una situación vulnerable: dos de ellos fueron trasladados a un hogar de acogida, mientras la bebé de ocho meses está al cuidado de familiares maternos.

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Después de varios días de incertidumbre y sin recursos para cubrir los gastos funerarios, su madre, Lilia Párraga, logró darle sepultura gracias al apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), que asumió el costo del sepelio. Sin embargo, el dolor no terminó ahí.

Tras el entierro, doña Lilia se enteró, a través de un video publicado en redes sociales y grabado por su yerno, pareja de su hija fallecida, que agentes de la Policía Nacional, identificados como miembros de la Dinapen, se habían llevado a dos de sus nietos. “Mi yerno dice que los policías se llevaron a los niños y que a él lo dejaron abandonado. Yo no tengo cómo saber de mis nietos porque no me permiten acercarme a ellos, son personas agresivas”, lamentó entre lágrimas.

Los menores, de 8 y 5 años, vivían junto a su madre y su padre. Ahora, la familia materna exige conocer el paradero de los niños, garantizar su integridad y que no permanezcan institucionalizados. “No quiero que mis nietos estén en una casa hogar. Quiero cuidarlos yo, su abuela”, expresó doña Lilia, quien ya ha iniciado el proceso legal para obtener su custodia.

Trámites en curso para que los menores accedan al seguro

El proceso para acceder al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SPPAT) continúa, según confirmó una funcionaria que pidió mantener en reserva su identidad. Explicó que los únicos beneficiarios legales son los hijos menores de edad de la fallecida, pero para poder entregar los fondos es necesario cumplir una serie de requisitos notariales y judiciales.

“Se necesita el certificado de defunción, la posesión efectiva de bienes y un certificado bancario. Como los beneficiarios son menores, un juez debe designar a un curador legal que los represente. Según tengo entendido, ya se está gestionando la curaduría a favor de la abuela materna”, detalló la vocera.

Una vez que se designe oficialmente al curador, los recursos del seguro serán depositados en una cuenta a su nombre, con uso exclusivo para cubrir las necesidades de los menores. “Ese dinero no puede ser utilizado para otros fines. Está destinado únicamente al bienestar de los niños”, recalcó.

Por tratarse de un caso de alto perfil, el proceso podría acelerarse. “Normalmente toma entre cuatro y cinco meses, pero por la relevancia pública podría resolverse en menos tiempo”, indicó.

Custodia retirada al padre por presunto consumo de drogas

Según la misma fuente, los niños fueron retirados del cuidado del padre, quien tendría antecedentes de consumo de drogas, y ubicados en una casa de acogida por parte de la Policía y del MIES. Esta situación, sin embargo, ha frenado temporalmente el acceso al dinero del seguro.

“Mientras los niños estén bajo cuidado institucional, no se puede hacer uso de los fondos. Pero el MIES ya activó su intervención para que la curaduría a favor de la abuela avance de forma formal”, afirmó.

Además, alertó sobre prácticas irregulares de algunas funerarias o terceros que cobran hasta 1.000 dólares por tramitar este tipo de seguros. “El trámite es completamente gratuito. Si conocen casos similares, estamos dispuestos a brindar acompañamiento y asesoría”, agregó.

Acciones del MIES

De acuerdo con información oficial, el MIES activó su equipo de protección especial junto con la Dinapen para resguardar la integridad de los tres niños. También gestionó un bono de contingencia para apoyar a la familia materna en esta crisis.

Mientras tanto, doña Lilia espera una resolución judicial que le permita reunirse con sus nietos y brindarles un entorno seguro, lejos del entorno que, según ha denunciado, estaba marcado por el consumo de drogas del exconviviente de su hija.

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