Carlos Alberto Merchán Bran tenía dos boletas de captura emitidas por la Unidad Judicial de Galápagos: una en 2023 por violencia contra la mujer y otra en 2024 por violación. Sin embargo, no fue por estos delitos que la Policía logró capturarlo.

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Merchán Bran, de 49 años, fue aprehendido la tarde de este jueves 10 de julio en una vivienda ubicada en la calle 35 y callejón Parra, en el suroeste de Guayaquil. En el inmueble se hallaron aproximadamente 500.000 matrículas y licencias de conducir falsificadas.

Según informó el ministro del Interior, John Reimberg, en el lugar también encontraron documentos pertenecientes a más de 20 agencias de tránsito a nivel nacional, que habrían sido utilizados para procesos fraudulentos de matriculación y revisión vehicular.

“Ahora entiendo por qué en la intervención que realizamos en Manta se matricularon más de 35.000 vehículos, cuando la capacidad era de apenas 13.000. Eso significa que esos centros trabajaban con digitadores y personas vinculadas a agencias de tránsito”, sostuvo Reimberg.

El ministro agregó que en el allanamiento hallaron documentos de la Autoridad de Tránsito de Guayaquil, de Naranjal, de Daule y de más de 20 cantones, implicados en esta red de corrupción. “Quiero hacer un llamado a los Municipios: su capacidad para manejar las agencias de tránsito está siendo utilizada para generar una economía criminal. Estos actos de corrupción favorecen a grupos delictivos. El detenido tenía dos boletas de captura anteriores”, recalcó.

Una fuente policial detalló que durante el operativo se incautaron 25.814 soportes de papel con medidas de seguridad de los GAD municipales con leyendas de matriculación y revisión vehicular, 50 sellos plásticos de diferentes GAD cantonales, un CPU (dispositivo de almacenamiento interno), un dispositivo DVR de videovigilancia y varios celulares.

El fiscal del Guayas, César Peña, explicó que el delito de falsificación de documentos está tipificado en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a quienes alteren, modifiquen o simulen documentos públicos o privados con el fin de causar perjuicio o engaño.

“La pena por este delito puede implicar prisión, dependiendo de la gravedad y del tipo de documento involucrado”, indicó el fiscal.

También cuestionó la falta de colaboración por parte de algunos Municipios. “Cuando estuve a cargo de la Dirección Nacional de Delitos contra la Administración Pública, a mi despacho llegaban numerosos expedientes sobre falsificación de cartas de venta, pagos de matrícula, traspasos de dominio y otros documentos municipales. Cada vez que solicitaba información, me respondían que no podían entregarla”.

Recordó que en una ocasión exigió información a un Municipio y recibió distintas excusas: que el funcionario había renunciado, que hubo un incendio o que desconocían el caso. “Es hora de poner un alto a este tipo de acciones por parte de las autoridades municipales y acabar con esta industria de la falsificación”, enfatizó. (AEB)

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