El plazo para el pago de utilidades en Ecuador llegó a su fin el 15 de abril de 2024, un período crucial que algunas empresas podrían haber dejado pasar sin cumplir completamente con esta obligación. Ante esta circunstancia, surge la pregunta inevitable: ¿qué deben hacer los trabajadores que aún no han recibido el pago que les corresponde?

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La primera recomendación es buscar una solución a través del diálogo directo con el empleador. Es fundamental abordar este asunto de manera formal, solicitando de manera educada y consensuada el cumplimiento del pago de las utilidades.

Si el diálogo directo no arroja resultados positivos, se puede tomar la vía legal presentando una demanda ante un juez de lo laboral de la Unidad Judicial. La duración de este proceso judicial puede variar según la rapidez con la que se cite al empleador.

Es importante tener en cuenta que presentar una demanda por el pago de utilidades no puede ser motivo de despido para el trabajador, según lo establecido por la ley.

El Código de Trabajo establece sanciones para las empresas que, a pesar de haber generado ganancias, no entreguen el valor correspondiente de las utilidades a sus trabajadores. Estas multas oscilan entre tres y 20 salarios básicos unificados.

Además, si la empresa realiza una declaración falsa de utilidades ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) con el fin de evadir el pago completo de las utilidades a sus empleados, la sanción puede ser aún más severa, llegando a ser de 10 a 20 salarios básicos unificados, según lo estipulado en el artículo 107 de la normativa vigente.

Estas sanciones serán aplicadas por el Ministerio de Trabajo.

En Ecuador, el pago de utilidades se calcula sobre las ganancias netas de la empresa en un año fiscal. La ley establece que el 15% de estas utilidades se destina al reparto entre los trabajadores.

Este 15% se divide en dos partes: el 10% se distribuye equitativamente entre todos los trabajadores, independientemente de sus salarios individuales. El 5% restante se reparte según las cargas familiares de los trabajadores, como cónyuges e hijos menores o discapacitados.

Los trabajadores que no hayan laborado todo el año completo reciben una parte proporcional de las utilidades según el tiempo trabajado.

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