El fútbol ecuatoriano vivió este jueves 25 de septiembre una jornada oscura. La Serie B de LigaPro quedó bajo la lupa de la Fiscalía y la Policía Nacional, que irrumpieron en los camerinos de Gualaceo SC y Chacaritas FC, señalados en una investigación por presuntos vínculos con una red de amaño de partidos ligada al crimen organizado.

La escena fue propia de un operativo judicial de alto impacto: agentes ingresaron a los camerinos, requisaron pertenencias y se incautaron de los teléfonos celulares de dirigentes, jugadores y cuerpos técnicos. La diligencia se enmarca en un proceso por delincuencia organizada con fines de extorsión, donde se investiga la supuesta infiltración de estructuras criminales en el balompié ecuatoriano.

Un partido manchado desde el inicio

El duelo entre Gualaceo SC y San Antonio, disputado en el estadio Gerardo León, empezó con un retraso de 13 minutos. El motivo: el allanamiento en los camerinos del equipo local minutos antes del pitazo inicial. Aunque el balón rodó, el ambiente estaba cargado de tensión y sospechas.

Mientras tanto, Chacaritas FC también fue intervenido por las autoridades, cerrando una tarde en la que el fútbol quedó en segundo plano, este equipo jugaba ante Vargas Torres

Una investigación que sacude a la LigaPro

El escándalo que sacude a la Serie B de LigaPro marca un antes y un después en la lucha contra el amaño de partidos en Ecuador. La Fiscalía confirmó que cinco encuentros de la temporada 2025 presentan graves irregularidades, con errores arbitrales y futbolísticos que parecen intencionados, además de un volumen de apuestas que superó los 140.000 dólares.

La evidencia es contundente: videos, audios y chats en Telegram que revelan cómo se habría pactado el resultado más polémico, el 3-2 entre Gualaceo y Chacaritas.

Testimonios recabados en la investigación dan cuenta de la presión ejercida sobre jugadores, incluso con amenazas de muerte contra sus familias por parte de inversionistas extranjeros. Dos directivos están señalados como piezas clave en esta red, controlando fichajes, auspicios y vínculos con individuos con antecedentes penales.

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