A partir del 28 de octubre de 2025, el Comex implementará la prohibición temporal de seis años sobre la exportación de todas las especies de cangrejos, sin importar su presentación. El propósito de esta decisión es conservar las poblaciones de cangrejos, resguardar los manglares asociados y asegurar que los recolectores artesanales puedan seguir obteniendo de manera sostenible su sustento económico y alimentario.

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Identificada como resolución n.º 013-2025 y aprobada el 22 de octubre de 2025, la medida prohíbe todas las exportaciones de cangrejo, sin importar el régimen aplicado, incluidas las excepciones. También anula cualquier autorización previa para exportar cangrejos congelados, vivos, frescos, refrigerados, preparados o conservados, clasificados dentro de las subpartidas del capítulo 98.

Controles, seguimiento y notificación internacional

Para asegurar el cumplimiento de la medida, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) realizará los controles aduaneros correspondientes. Simultáneamente, la autoridad ministerial garantizará que todos los sectores vinculados a la pesca y exportación conozcan y cumplan con la medida.

Cada dos años, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca, en coordinación con el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), presentará un informe técnico sobre el estado de las poblaciones de cangrejos. Esta información permitirá al Comex, en 2031, decidir si la medida debe ser suspendida o prorrogada, asegurando que la regulación cumpla sus objetivos de conservación.

Fundamentos legales y sostenibilidad

Bajo el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), la resolución permite implementar medidas para proteger recursos naturales agotables, siempre que no generen discriminación arbitraria ni restrinjan de manera encubierta el comercio internacional.

En Ecuador, estas medidas se aplican junto con restricciones internas como vedas y otros mecanismos de control implementados por la autoridad pesquera nacional.

Con esta prohibición, el Gobierno busca equilibrar la protección ambiental con el desarrollo económico local, asegurando que los recolectores artesanales continúen teniendo acceso a los cangrejos para su sustento, mientras se preservan los ecosistemas de manglar y se promueve la sostenibilidad a largo plazo.

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