El club 22 de Julio de Esmeraldas, que disputa la Serie B del fútbol ecuatoriano, jugará sus últimos seis partidos del torneo en la provincia de Imbabura. 

La decisión, anunciada oficialmente por la dirigencia, responde a “motivos de fuerza mayor”, pero en la práctica es un grito desesperado de auxilio en medio de un ambiente marcado por amenazas, extorsiones y presiones criminales que han convertido al deporte en un campo de alto riesgo.

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La medida llega apenas días después del asesinato de Jonathan González, capitán del equipo, un crimen que expuso la dimensión de la violencia que rodea al club. Lo que en un inicio fueron rumores sobre apuestas en línea terminó por convertirse en una red de hostigamientos y atentados contra jugadores, dirigentes y familiares, hasta desembocar en la tragedia.

De acuerdo con testimonios de allegados, el detonante fue el empate 1-1 frente a Chacarita, el 10 de septiembre en el estadio Folke Anderson. Para el campeonato, aquel marcador parecía irrelevante. Pero para las mafias que operan en el mercado clandestino de apuestas online, el resultado fue una afrenta: el club debía perder. En los circuitos ilegales de juego se habían movido miles de dólares, y la resistencia del equipo a cumplir con el guion terminó convirtiéndose en sentencia de muerte para González.

El capitán no era ajeno a la presión. Compañeros y familiares confirmaron que recibió múltiples amenazas para dejarse vencer en determinados encuentros. Su negativa a traicionar el juego limpio lo enfrentó directamente a un engranaje criminal que no admite desobediencia. 

Semanas antes de su asesinato, su vehículo fue baleado en un intento de amedrentarlo; su madre también fue víctima de extorsiones. El silencio de los pasillos del club revela hoy el precio de su resistencia.

El presidente del club también abandonó Esmeraldas 

La dirigencia tampoco ha quedado a salvo. El propio presidente del club abandonó Esmeraldas y se encuentra en paradero desconocido, comunicándose apenas de forma esporádica. El temor a represalias ha empujado a varios jugadores a renunciar, mientras que quienes permanecen lo hacen bajo la constante sensación de que cualquier partido puede ser su último.

Las amenazas han llegado a extremos impensados: desde advertencias de ataques con explosivos contra las instalaciones, hasta la exigencia de pagos que oscilan entre 2.000 y 5.000 dólares. “Todos tienen miedo”, confiesan personas cercanas al camerino. El fútbol dejó de ser un oficio y se convirtió en un calvario silencioso, donde cada decisión en la cancha puede desencadenar una tragedia fuera de ella.

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