Aranceles, energía y crudo: la crisis con Colombia pone a Ecuador contra las cuerdas
El pulso bilateral escala con aranceles del 30 %, corte de energía y alertas por impacto económico y energético. Esto es lo que sucede
Ecuador salió recientemente de una crisis energética, entre octubre de 2023 y abril de 2024, marcada por estiajes y apagones.
Colombia anunció que a las 18:00 de este jueves 22 de enero de 2026 suspendería la venta de energía eléctrica a Ecuador, una decisión que profundiza la escalada comercial y diplomática entre ambos países, marcada por aranceles cruzados, tensiones energéticas, fricciones en el sector petrolero y llamados urgentes al diálogo desde organismos regionales, el empresariado y la Asamblea Nacional.
La advertencia del Gobierno colombiano se produce tras la decisión del Ejecutivo ecuatoriano de aplicar una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, medida que el presidente Daniel Noboa defendió como una respuesta a la “falta de reciprocidad” en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común.
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El mandatario anunció que la tasa regirá desde el 1 de febrero y sostuvo que, pese a los llamados al diálogo, Ecuador enfrenta solo la presión de grupos criminales en la zona limítrofe.
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La decisión de Gustavo Petro
Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro calificó la medida ecuatoriana como unilateral y contraria a los compromisos de integración andina. En ese contexto, Colombia respondió con aranceles del 30 % a productos ecuatorianos y con el anuncio de la suspensión del suministro eléctrico, una de las decisiones más sensibles del pulso bilateral, al tratarse de un recurso clave para el sistema energético ecuatoriano, especialmente tras la reciente crisis por estiajes.
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La suspensión de energía abre además un frente económico inmediato: Ecuador tendría que cubrir la demanda con generación térmica, un mecanismo más costoso que la hidroeléctrica, lo que podría presionar las finanzas públicas y elevar el costo de producción eléctrica, según han advertido analistas del sector.
A la tensión comercial y energética se suma el factor petrolero. Ecuador anunció que aplicará tarifas al transporte de crudo colombiano por su infraestructura, una medida que fue interpretada como parte del mismo paquete de respuesta frente al deterioro de la relación bilateral.
Desde Colombia se señaló que se evalúan rutas y alternativas logísticas para la exportación de su petróleo, ante el incremento de costos, lo que añade un nuevo componente estratégico al conflicto.
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Reacción regional por problema entre Ecuador y Colombia
La escalada encendió alertas regionales. La Comunidad Andina pidió a ambos gobiernos postergar la aplicación de los aranceles y abrir un espacio urgente de diálogo, recordando que las controversias entre países miembros deben resolverse mediante los mecanismos comunitarios previstos en el Acuerdo de Cartagena.
En paralelo, el Comité Empresarial Ecuatoriano advirtió que la confrontación podría derivar en alzas de precios, afectación a cadenas productivas, pérdida de competitividad y un mayor riesgo de contrabando, e insistió en la necesidad de una salida negociada.
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Confrontaciones en la Asamblea Nacional
El conflicto también abrió un frente político interno. En la Asamblea Nacional, únicamente la bancada oficialista de ADN respaldó la medida del Ejecutivo. Su coordinadora, Valentina Centeno, sostuvo que la prioridad debe ser proteger la vida de los ecuatorianos en frontera frente al crimen organizado. Desde esa bancada, Adrián Castro advirtió que será necesario reforzar los controles para evitar un aumento del contrabando.
En contraste, el correísmo, el PSC, Pachakutik y legisladores independientes expresaron reparos. Viviana Veloz cuestionó la improvisación de la medida y recordó que Colombia fue un proveedor clave de energía durante los apagones.
El socialcristiano Alfredo Serrano pidió revisar la decisión, mientras que el independiente Cristian Benavides alertó sobre el impacto directo en los productores de frontera. A estas críticas se sumó Mariana Yumbay, quien cuestionó la conducción de la política exterior.
