A las 11:00 de este jueves 11 de diciembre de 2025, Ángel Briones Vergara llegó a la Unidad de Hemodiálisis Los Ríos, en Babahoyo, con el fin de dializarse, como lo ha hecho durante los últimos 12 años. Viajó una hora y media desde su natal Caluma, provincia de Bolívar, al igual que cada martes, jueves y sábado.

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Sin embargo, por primera vez desde que una dolencia renal lo obligó a depender de la diálisis,  Ángel no pudo conectarse a la máquina que le permite seguir viviendo. No tenía un kit, la unidad tampoco, y la persona que se lo traía desde Guayaquil no pudo conseguirle uno.

Ángel, de 63 años, lleva cuatro meses lidiando con la escasez de insumos, pero no había llegado al punto de quedarse sentado, sin tratamiento. “Es preocupante, cada vez más difícil”, alcanzó a decir.

Hasta ahora, las donaciones, como la realizada la semana pasada, lo habían salvado. El sábado anterior pudo dializarse gracias a esa ayuda, pero este jueves la suerte se agotó.

Antes, Ángel solo gastaba en pasaje y comida. Hoy debe vender gallinas, pedir apoyo a sus hijos y buscar kits cuyo precio pasó de 30 a casi 50 dólares, cuando logra encontrarlos. Incluso hallarlos se ha vuelto casi imposible. Las distribuidoras dejaron de venderlos, en algunos casos por amenazas.

Un implemento incompatible

En el mismo edificio, William Suárez Suárez, habitante de Jujan, vivió un drama similar. Tras 14 años de tratamiento ininterrumpido, también enfrentó su primer día sin diálisis. Llegó con un kit entregado por el gobernador Galo Lara Yépez, quien se comprometió a ayudar tras la protesta del pasado martes, cuando un grupo de pacientes bloqueó momentáneamente la vía Babahoyo-Jujan.

Pero al abrir el implemento, los nefrólogos encontraron bicarbonato en polvo, insumo incompatible con las máquinas de esa unidad. El kit era inutilizable y William se quedó sin saber qué hacer. La última vez que se dializó fue el martes, con un kit prestado.

Temen por su vida

La historia se repite con Bolivia Villacís Coloma, paciente desde hace dos años y cinco meses. Llegó desde la parroquia La Unión, de Babahoyo, con dinero reunido con sacrificio, pero no había nadie a quien comprarle un kit. Las distribuidoras ya no venden. Y ella no alcanzó a recibir los kits entregados por la Gobernación.

“Nos preocupa todo esto porque hemos visto morir a compañeros por no poder dializarse”, dijo, recordando a una mujer de la parroquia El Salto que falleció la semana pasada, por falta de dinero para comprar los kits.

En los exteriores de la Unidad de Hemodiálisis Los Ríos reinaba la desesperación. Pacientes confundidos, familiares preguntando y personal médico sin respuestas.

El doctor Luis Alcívar, director médico de la unidad, confirmó que los kits donados no pueden usarse porque contienen bicarbonato en polvo, una sustancia que, además de requerir permiso del Ministerio del Interior para su manipulación, no es compatible con la tecnología de las máquinas en Babahoyo, Ventanas y Vinces. Clínicas privadas de Babahoyo reportan el mismo problema, pues sus máquinas son de última tecnología y tampoco pueden usar bicarbonato en polvo.

Se conoció que en el cantón Ventanas habría una clínica particular con máquinas compatibles con ese tipo de sustancia, pero la demanda podría sobrepasar la capacidad, y el traslado implica tiempo y costos extras.

En Los Ríos, más de 500 pacientes están padeciendo por la falta de pago tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) como del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Mientras la deuda estatal siga paralizando a las unidades de diálisis, la salud de este grupo de personas está en riesgo.

Cuestionamientos tras protesta de pacientes

La manifestación de pacientes de hemodiálisis en Los Ríos, del pasado martes, desató un enfrentamiento entre el gobernador Galo Lara Yépez y el prefecto Johnny Terán.

Lara cuestionó al gerente de la unidad administrada por la Prefectura, por supuestamente movilizar a los pacientes para bloquear la carretera. Incluso acusó a Terán de utilizar el equipo de comunicación institucional para convocar a los medios y “mediatizar” la protesta.

La mañana de este jueves, el prefecto Terán, a través de una emisora radial, instó a sus colaboradores a no dialogar con “funcionarios puestos a dedo”. Después de aquello, Lara denunció en la Fiscalía al prefecto.

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