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Pacientes renales protestan frente al Complejo Judicial Norte en Quito, exigiendo el pago de la deuda pendiente del Gobierno.RENE FRAGA.

Pacientes renales realizan plantón para exigir que se pague deuda a las dializadoras

Según los afectados, el Gobierno mantiene una deuda de 270 millones de dólares con las casas de salud

La mañana de este jueves 29 de mayo, pacientes renales de varios rincones del país se apostaron en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte de la capital de los ecuatorianos para exigir al Gobierno y a las autoridades de salud que cancelen la deuda que mantienen con las clínicas dializadoras.

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A las 09:30 se tiene previsto que inicie la audiencia de acción de protección que interpusieron los afectados para que se pongan al día con los pagos. El Ministerio de Salud Publica (MSP) debería 200 millones de dólares a las casas de salud que realizan los tratamientos y proveen los medicamentos.

Impacto en miles de pacientes

Por su parte el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mantendría una deuda de 70 millones de dólares. Gabriela Alvaro, representante de los pacientes renales, afirma que cerca de 10 mil personas con esta enfermedad catastrófica son afectados directamente por esta falta de pago. En total hay cerca de 20 personas a nivel nacional con tratamientos renales.

Alvaro indica que en algunas clínicas dializadoras han racionado el suministro de las medicinas que son costosas. Por ejemplo, hay unas pastillas que les ayuda a reducir el fósforo que generan en su cuerpo durante las cuatro horas de tratamiento que deben hacerlo tres días por semana.

Este medicamento, dependiendo la marca, tiene un valor de 50 a 70 dólares y en cada caja vienen 30 cápsulas. Los pacientes deben tomar tres diarias.

Pancarta con el mensaje “Los pacientes renales en peligro de muerte” durante la manifestación para exigir el pago de tratamientos.RENE FRAGA.

Testimonio de un paciente afectado

Ricardo Murillo llegó desde el sur de Guayaquil para apoyar la medida de hecho y exigir respuestas a las autoridades. El paciente afirma que la enfermedad renal le afectado a su salud y hasta su trabajo. Hace pocos meses lo despidieron de la empresa en la que trabajaba como guardia de seguridad porque pedía permiso tres días por semana para realizarse las diálisis.

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Desde entonces ha tenido que pedir dinero prestado a sus familiares y amigos para cancelar una de los tratamientos porque la casa de salud en la que se los realiza disminuyeron las intervenciones de 3 a 2. “También he tenido que pedir ayuda en las redes sociales porque no me alcanza el dinero”, comenta.

Otros afectados llegaron con pancartas en las que se puede observar pacientes en una camilla y conectados a unas máquinas dentro de una sala de hospital. Esta imagen desgarradora está acompañada de un mensaje que dice: “los pacientes renales en peligro de muerte”.

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