Hijos de dos madres en Ecuador: entre fallos favorables y obstáculos administrativos

Manuela briceño tiene 19 años y una sonrisa que se impone antes que las palabras. Su cabello rizado enmarca un rostro que hoy mira hacia otro continente. Alista las maletas para dejar Ecuador y emigrar a Barcelona, España. Allí la espera su mamá, una de las dos mujeres que la criaron.

El año pasado se inscribió en la carrera de Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Barcelona, ciudad donde transcurrió su infancia: el lugar de las primeras amigas, de los juegos, de las rutinas familiares y de los abrazos compartidos con sus dos mamás.

Habla con un acento mestizo, salpicado de giros españoles y venezolanos, y desde esa mezcla recuerda los días en que la infancia la protegía de todo. “En España yo no sentía ninguna vergüenza de decir que tengo dos mamás; en Ecuador era diferente”, dice. En ese tiempo, la palabra discriminación aún no formaba parte de su vocabulario.

“En Ecuador todo era distinto. Cuando llegué, en algún momento incluso escuché un chiste de un profesor. Dejé de hablar de mis madres: en la escuela, cuando había trabajos; en el consultorio médico, hablaba solo de mi madre. Sabía —aunque no lo dijera— que eso hería a la otra”, recuerda Manuela, todavía con pesar.

Llegó a Ecuador a los 10 años y ha pasado ocho viviendo en este país. Sus madres hoy están separadas, pero será una de ellas quien la reciba en España. En la infancia tuvo que cargar con insultos que no se olvidan, pronunciados por otros niños —que sus madres eran “unas putas”, entre ellos—, pero de ese tiempo conserva algo intacto: el amor que la rodeó desde niña y que aún sostiene a esta familia de tres.

Sin poder registrar a su hija

Scarlet Briones tiene 33 años y vive junto a su esposa, Lisbeth, en Estados Unidos. Llegaron el año pasado, empujadas por la promesa de un futuro más justo. Hoy sostienen a su bebé de apenas dos meses, mientras la nieve cae lenta sobre los portones de madera desde los que contemplan el atardecer en Maryland.

“Tenemos más de tres años de relación y en febrero de 2025 decidimos traer una hija al mundo. Optamos por una inseminación in vitro: fecundamos mis óvulos y los de Lisbeth con el esperma de un donante, y luego los implantaron en su útero”, recuerda Scarlet. El relato se interrumpe por el perro de la familia, que reclama caricias, como si también quisiera formar parte de la escena.

Cuando la niña nació, el Estado acompañó los primeros días. Pero al momento de inscribirla, cuando dijeron que eran mamá y mamá, surgió la sospecha: les pidieron el nombre del donante y le advirtieron a Scarlet que debía iniciar un proceso de adopción. Aun así, su hija tiene hoy un certificado de nacimiento en el que figuran, juntos, los apellidos de sus dos madres.

En Ecuador, aunque el matrimonio igualitario es legal, Scarlet aprendió pronto que la ley no siempre protege de los prejuicios. En sus trabajos, incluso desde las oficinas de recursos humanos, le preguntaban por su esposa.

“Me dicen que me han metido gato por liebre, que mi hija no se parece a mí. Si mi propia familia puede decir eso, no quiero imaginar lo que puede venir de afuera”, le dice a EXTRA

Demandas ante el Estado

En la sala de la Corte Constitucional se dio una audiencia el último día de enero de 2026. No es un expediente más: es la historia de dos mujeres de 28 y 34 años, casadas, habitantes de El Oro, que chocaron contra el muro invisible de un requisito. No se les negó el amor ni la crianza, sino el papel que lo certifica. No pudieron inscribir a su hija con los apellidos de ambas porque la vida ocurrió fuera del hospital, mediante un método casero, lejos del sello y la firma que el Estado exige.

La decisión nació en Machala, en 2023, y se endureció en 2024, cuando una Sala Penal convirtió la ausencia de un certificado en una frontera. Para la abogada Verónica Potes, docente de la Universidad Central, el problema no es la niña, sino la burocracia que no sabe nombrarla.

El método de inseminación que le dio origen no figura en ningún registro, explica. Y sin embargo, el caso repite una historia ya contada: la de Satya —verdad, en español—, la primera hija de dos madres cuyo nombre obligó a la justicia a mirarse al espejo hace una década. Los derechos en juego son los mismos: identidad, igualdad, no discriminación, familia, infancia. Derechos.

En su recorrido por sentencias, EXTRA encontró dos fallos anteriores —uno de la Corte Constitucional y otro de una corte provincial— que ordenan registrar a los hijos de dos mujeres. La razón es simple y profunda: un niño tiene derecho a existir ante la ley. A no ser borrado por una omisión. A no depender de la buena voluntad de los adultos.

Potes advierte que cuando la maternidad o paternidad no se reconocen, el vínculo y el cumplimiento de derechos y obligaciones de los responsables del menor se vuelven frágiles. La maternidad y la paternidad no son solo palabras: son responsabilidades que obligan, amparan y protegen.

El precio de un papel

Sandra y su pareja aprendieron que el amor no siempre basta. Para registrar a sus dos hijos, ambos menores de 12 años, tuvieron que llamar a un abogado, insistir, explicar, esperar. “Nos pidieron un certificado de inseminación artificial, como en el caso Satya”, cuenta.

Convencer a los médicos fue otra batalla: nadie quería dejar su nombre en un expediente incómodo. El miedo también firma documentos. Tras meses de trámites, lograron lo que parecía obvio: que sus hijos existieran para el Estado.

Diana Maldonado, activista, acompañó otro proceso bajo el amparo de la Defensoría del Pueblo en 2022. Dos mujeres, una hija nacida de una inseminación casera, dos años de audiencias y escritos. Acciones de protección, resoluciones que tardan, puertas que se cierran y se abren. Al final, la inscripción llegó, como llega a veces la justicia: tarde.

“Si fue posible una vez, puede serlo siempre”, sostiene Maldonado. A las parejas heterosexuales les basta el certificado de nacido vivo.

Abrirse a la diferencia

Ybelice Briceño recuerda el embarazo como una ausencia temprana: el padre de Manuela nunca apareció. Meses después, dice, una amistad se transformó en amor y, sin darse cuenta, comenzaron a criar juntas a la niña que hoy es hija de ambas.

En el jardín de infantes, sin embargo, una de ellas era nombrada como “madrina”, una palabra que intentaba corregir lo que no encajaba para los demás.

Ybelice no olvida las miradas de rechazo ni el prejuicio de otros padres, silencios que también lastiman. Para la psicóloga Natalia Baquerizo, esas experiencias revelan la urgencia de abrir espacio a la singularidad dentro de las familias: el hablar de las diferencias desde la infancia, el reconocerlas sin temor, permite no solo proteger a quienes crecen en hogares diversos, sino también enseñar —a quienes miran desde afuera— lo que significa, en esencia, ser humanos.