Siete policías en servicio activo fueron indagados y detenidos porque habrían hecho mal uso de sus uniformes, herramientas institucionales, información sensible y capacidades de inteligencia, no para beneficio de la seguridad ciudadana, sino para su provecho.

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Con ellos también eran interrogados cinco civiles, dos de los cuales registran antecedentes por tráfico de drogas, y un agente en servicio pasivo, con quienes habrían ejecutado el robo de un ‘billetote’, durante un ingreso ilegal a un domicilio.

Según informó el coronel Wladimir Acurio, jefe policial de la Subzona Manabí, los uniformados habrían utilizado su experiencia y acceso institucional, así como medios tecnológicos para fines ilícitos.

La investigación en la que están implicados se inició por un hecho cometido el 22 de febrero de 2025, alrededor de las 19:40, cuando seis personas con prendas similares a las policiales ingresaron, sin orden judicial, a un inmueble de Manta y sustrajeron aproximadamente 100.000 dólares en efectivo.

El operativo para ubicar a implicados

La Dirección Nacional de Asuntos Internos de la Policía tenían en la mira a los uniformados y por las evidencias recopiladas en la investigación que duró nueve meses, ejecutaron el operativo de arresto a los posibles implicados, entre ellos, dos capitanes, un sargento segundo, un cabo primero, un cabo segundo y un policía.

Con base en los elementos de convicción recabados, la Fiscalía solicitó a un juez siete órdenes de allanamiento que se ejecutaron el viernes 14 de noviembre, en Manta, Portoviejo y Montecristi (provincia de Manabí), así como en los sectores de Chongón y Mapasingue (provincia del Guayas). El operativo fue denominado Embestida 51.

Además, se emitieron quince órdenes de detención con fines investigativos, las cuales se cumplieron en Manta, Jipijapa, Cuenca, Zamora, Guayaquil y en la provincia de Tungurahua. Entre los indicios constan 13 teléfonos móviles, dinero en efectivo (5 billetes de 100 dólares, 3 billetes de 50, 29 billetes de 20) y documentos.

La Policía no descarta que los sospechosos estén implicados en otros falsos allanamientos, donde también se habrían generado afectaciones económicas a diversas víctimas.

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