Con resguardo policial y militar, el servicio de transporte urbano del cantón La Libertad comenzó a reanudarse este domingo, tras dos días de paralización provocada por amenazas de extorsión.

Las cooperativas Puerto Peninsular y Salisel, que cubren las principales rutas de la ciudad, suspendieron sus operaciones luego de ser víctimas de ataques armados e intimidaciones por parte de grupos delictivos.

“El objetivo es que el transporte vuelva a funcionar con normalidad y sin temor. Vamos a poner en práctica diversas acciones de seguridad”, aseguró el jurisconsulto Juan Pazmiño, director de la Empresa Pública de Transporte y Seguridad Vial de La Libertad (Lalítran).

Pazmiño informó que se mantienen reuniones permanentes con los directivos de ambas cooperativas para coordinar medidas que garanticen la seguridad de conductores y usuarios. “No podemos permitir que el miedo paralice a toda una ciudad. Las instituciones del Estado estamos actuando de manera articulada para enfrentar esta situación”, añadió.

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La suspensión del servicio se dio después de que las oficinas de Puerto Peninsular fueran atacadas a tiros. También se reportaron disparos contra varias unidades que circulaban por el sector Velasco Ibarra, al sur del cantón.

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El temor se intensificó cuando comenzó a circular un panfleto firmado por la banda delictiva ‘Los Pepes’, en el que los antisociales exigían el pago de 20.000 dólares y amenazaban con incendiar los buses —incluso con pasajeros a bordo— si no se cumplía su demanda.

Fuentes policiales confirmaron que las unidades investigativas y de inteligencia permanecen activas en la zona. “Peritos élite trabajan para identificar y capturar a los responsables. Se ha reforzado la vigilancia en las principales avenidas, terminales y zonas conflictivas”, señaló un agente bajo reserva.

Por pedido de Lalítran, una parte de los buses de ambas cooperativas retomó sus recorridos de forma gradual desde la tarde del domingo, con acompañamiento policial. Se prevé que durante este lunes el servicio urbano se normalice completamente.

Mientras tanto, los habitantes de los sectores periféricos han debido movilizarse en taxis informales y motocicletas particulares, lo que ha incrementado el costo y el riesgo de sus desplazamientos.

En las zonas céntricas, el transporte urbano se ha mantenido parcialmente operativo gracias a los buses intracantonales del Consorcio CITSE, que cubren temporalmente algunos tramos.

Antecedente

Este es el segundo caso de extorsión al transporte público registrado en la provincia de Santa Elena en menos de dos meses. En septiembre, la cooperativa 2 de Noviembre suspendió sus operaciones durante veinte días tras recibir amenazas similares, que dejaron a uno de sus conductores herido de bala.

Las autoridades cantonales y provinciales evalúan nuevas estrategias de seguridad y control para evitar que la violencia criminal continúe afectando a uno de los servicios más esenciales para la ciudadanía.

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