Una colegiala de 14 años y su compañero de 15, dejaron de compartir un salón de clases y ahora permanecen en un centro de reclusión para menores, mientras se indaga un caso en el que estarían involucrados. Ambos serían parte de una estructura criminal que opera en Machachi, una parroquia del cantón Mejía, localizada al sur de Quito.

Según las primeras indagaciones policiales, los implicados supuestamente cumplían el rol de buscar víctimas dentro de su propio colegio, para obligarlos a robar. Caso contrario, al parecer, los amenazaban de muerte y les exigían 40 dólares para dejarlos en paz.

El hecho se destapó cuando los adolescentes y otros dos jóvenes fueron detenidos porque habrían querido extorsionar a un estudiante.

Así reclutan nuevos adeptos

Katherine Herrera, consultora política en Seguridad Pública y Estado, explica que este tipo de casos se enmarca en un fenómeno conocido como ‘minirreclutamiento criminal’.

Se trata, según ella, de personas o grupos que no pertenecen a la línea delictual de un grupo criminal en específico o no son parte de la cadena de producción de narcotráfico. Estas ‘nuevas expresiones’ se considerarían como desorganizadas y se envuelven en delitos de oportunidad, los cuales pueden ser cometidos por menores de edad.

La experta en seguridad añade que los estudiantes de colegio son ‘cotizados’ por estas bandas, porque con ellos pueden llegar a un rango más amplio de víctimas. Además, Herrera enfatiza que para cooptarlos no es necesario utilizar amenazas, sino que “los pueden convencer con regalos, dinero, droga...”.

Consecuencias sociales

La incursión de menores de edad en estructuras criminales tiene varias implicaciones, según la experta en seguridad.

La principal sería una afectación a nivel individual, porque se produce una normalización temprana de la violencia económica. “El menor interioriza que el uso de amenazas e intimidaciones son mecanismos legítimos para obtener recursos o dinero”, analiza.

Este escenario obligaría a que el adolescente termine deteriorando su entorno con rupturas familiares, deserción escolar, violencia de género, entre otras consecuencias.

Otra de las afectaciones sería la comunitaria. Herrera indica que existe una expansión de una economía criminal formal dentro del entorno educativo. “Las aulas son invadidas por ambientes de captación y microextorsión. Generan miedo en los padres de familia y en los profesores”.

Por si fuera poco, este nuevo contexto incrementa los subregistros del delito porque, al tratarse de estudiantes de colegio, las personas se resisten a denunciar y por eso “la impunidad se consolida y se dinamiza la problemática”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!