En la casa de Teresa Ordóñez reina el silencio, pero no uno de calma, sino ese que pesa y oprime. En esta morada de Quinindé, provincia de Esmeraldas, la vida se detuvo desde que desapareció Diego Alcívar Ordóñez, de 29 años.

En la habitación del joven todo sigue igual desde entonces. En las paredes, las medallas cuelgan como promesas y una camiseta de fútbol conserva su forma. En un rincón, una maleta cerrada aún guarda el olor de quien un día salió a trabajar y no volvió.

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“No he podido mover nada. Es mi forma de esperarlo. Su ropa está ahí, como si fuese a regresar esta noche”, dice Teresa.

En la finca que construyó con su familia y llamó Victoria, él había adecuado una cancha. Allí, cada año, su madre, su esposa y sus amigos organizan un campeonato en su nombre. “Es nuestra manera de mantenerlo vivo”, explica Teresa, invadida por la nostalgia, especialmente al acercarse el 2 de noviembre, fecha de cumpleaños de Diego.

Madre no se rinde

A las cuatro o cinco de la mañana, Teresa se arrodilla frente al altar del Sagrado Corazón de Jesús, en la sala. “Cada mañana pienso: ¿estará vivo?, ¿estará muerto?”. Su voz se quiebra, pero no llora. Aprendió a contener el llanto para poder seguir respirando.

Ha ido una y otra vez a la Fiscalía, a la Policía, a todos los lugares donde cree que podría haber una respuesta. “Siempre es lo mismo: no hay nada. Cambian de fiscal, prometen diligencias, pero no pasa nada... Confío en Dios. Si no hay cuerpo, es porque todavía está en este mundo. Yo seguiré buscándolo mientras viva. Y si muero sin encontrarlo, creo que incluso después de la muerte seguiré buscándolo”, insiste Teresa.

Una espera en silencio y dolor

Nicol Vallejo, esposa de Diego, tiene su propio ritual de resistencia. Vive con su hija pequeña, que aún pregunta por su padre. “A veces no sé qué decirle. Solo le digo que está trabajando o que pronto va a venir”, cuenta.

Ella intenta seguir adelante: trabaja, cuida de su hija, reza cada noche. Pero confiesa que el vacío se hace más grande en el silencio. “Dios me ha dado fuerzas, pero el corazón nunca deja de doler. Todo en esta casa me lo recuerda”.

Los días se han hecho eternos para esta familia desde aquel 23 de abril de 2023. Esa mañana, Diego, quien laboraba como taxista, salió para hacer una carrera hacia la parroquia Chura y no retornó. Su vehículo fue hallado en una pendiente, abandonado. Uno de sus zapatos apareció cerca del río, la única pista que quedó. Desde entonces, nada.

Hermana enumera gestiones

Gina Alcívar, su hermana, con voz firme aunque cansada, enumera las gestiones hechas en casi mil días de búsqueda: “Cinco expedientes, decenas de oficios y ninguna respuesta. La Fiscalía solo se mueve cuando nosotros insistimos. Vivimos en un pueblo pequeño, todos se conocen, y sin embargo nadie sabe nada”.

La familia no ha dejado de tocar puertas: las de la Fiscalía, la Presidencia, incluso las de organismos internacionales. Pero siempre lo mismo: silencio. “Tenemos que cargar dos cruces: una por el duelo y otra por la indiferencia de las autoridades”, dice Gina.

Cada vez que hay noticias sobre cuerpos hallados o fosas clandestinas, la familia revive el mismo miedo. “Llamamos para preguntar, pero nunca nos dicen nada. No se puede tener paz con tanta incertidumbre”.

Para los Alcívar Ordóñez, cada día es volver al primero, con la misma herida abierta. “No se puede vivir con esto, solo se sobrevive. Con dolor, con la esperanza de que un día Dios abrirá el camino y nos mostrará la verdad”, finaliza la madre.

Esmeraldas, la más golpeada por desapariciones

Esmeraldas es una de las provincias con mayor número de personas desaparecidas. El 8,1 % de los desaparecidos hallados sin vida en Ecuador provienen de esta jurisdicción. Detrás de esa cifra fría y estadística hay familias atrapadas en un duelo interminable.

Según el reciente informe de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec), entre enero y marzo de este año se presentaron 1.728 denuncias por desaparición en el país, lo que equivale a 20 casos por día, dos más que el año pasado. De ese total, 353 siguen sin resolverse. En 2024 se registraron 6.875 denuncias.

El panorama es devastador. Entre 2024 y lo que va de 2025, 1.191 personas siguen desaparecidas sin que el Estado haya dado respuesta. De ellas, 79 fueron catalogadas por primera vez bajo una nueva categoría: desapariciones relacionadas con “grupos delictivos organizados, pandillas, mafias o cárteles”.

Luis Ángel Saavedra, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), explicó que las desapariciones vinculadas a organizaciones criminales suelen quedar impunes debido a la falta de indicios y a la escasa capacidad investigativa del Estado. “Es una deficiencia estructural que se mantiene desde hace años”, dijo.

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