El Tribunal de Garantías Penales de la Unidad Anticorrupción resolvió hoy, martes 30 de septiembre de 2025, no conceder la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el marco del caso Triple A. La investigación indaga presuntas irregularidades en la concesionaria de recolección de basura de la ciudad, específicamente un presunto delito de peculado.

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Aunque Álvarez debe portar un grillete electrónico y tiene prohibición de salir del país, el tribunal consideró que estas medidas alternativas son proporcionales y suficientes para garantizar su comparecencia durante el proceso judicial. La decisión permite que el alcalde continúe en sus funciones mientras se desarrolla el juicio.

La Fiscalía argumentó que Álvarez incumplió con la presentación judicial que debía realizar el 1 de septiembre. Sin embargo, los jueces tomaron en cuenta que ese mismo día el alcalde viajó a Quito para asistir a una reunión de seguridad convocada por la Cancillería y el Ministerio del Interior, en el marco de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Por esta razón, no existía alerta de incumplimiento por parte del funcionario.

El empresario José Ricardo Cevallos Avellán, también implicado en el caso, tampoco recibió prisión preventiva, pese al pedido de la Fiscalía. Ambos deberán cumplir con las medidas cautelares impuestas hasta la audiencia de juzgamiento.

¿Por qué el tribunal decidió no enviar a Álvarez a prisión?

Durante la audiencia realizada el 29 de septiembre, el defensor de Álvarez, Ramiro García, alegó que la falta de presentación del alcalde estaba legítimamente justificada. Solicitaron además que se levante la orden de portar el grillete electrónico, argumentando que Álvarez tiene una agenda pública y no representa riesgo de fuga. García recordó que el alcalde ha asistido a audiencias de manera presencial o telemática, cumpliendo con sus compromisos judiciales.

El caso Triple A se originó en julio de 2024 a partir de una denuncia de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, que reportó presuntas irregularidades en la venta de diésel vinculadas al contrato de concesión. Desde entonces, la Fiscalía ha acumulado un proceso judicial de alto perfil que involucra a varias personas naturales y jurídicas, con medidas cautelares como retención de fondos, prohibición de enajenar vehículos y restricción de movimientos.

Tras conocerse la decisión del tribunal, Álvarez declaró: “Seguiremos trabajando a pesar de esta burda persecución. Seguimos trabajando por Guayaquil que sigue siendo increíblemente independiente. Nada detiene a Guayaquil".

Esta resolución marca un giro importante en el proceso judicial y político en Guayaquil, ya que permite al alcalde continuar su gestión mientras enfrenta una investigación que mantiene en el ojo público tanto a las autoridades como a la ciudadanía.

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