Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025, en Ecuador se han registrado 349 femicidios, la cifra más alta documentada en la historia del país. Esto equivale a una mujer o niña asesinada cada 22 horas, un indicador que refleja la profundización de la violencia extrema contra las mujeres en un contexto marcado por la expansión del crimen organizado.

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Según organizaciones feministas y observatorios de violencia, el 78% de los asesinatos de mujeres y niñas fueron perpetrados con armas de fuego, lo que evidencia el impacto diferenciado que tiene la violencia criminal sobre los cuerpos femeninos, especialmente en zonas donde operan economías ilegales y estructuras armadas.

Un fenómeno agravado por el crimen organizado

Expertas en violencia de género advierten que la escalada de femicidios está estrechamente vinculada con la consolidación de múltiples estructuras criminales —bandas, pandillas, mafias y grupos paraestatales— que actúan como corporaciones armadas con capacidad territorial.

La teórica argentina Rita Segato señala que los asesinatos de mujeres en estos contextos deben entenderse como crímenes corporativos, ejecutados por miembros de estructuras delictivas que reproducen patrones de misoginia, crueldad y control social. En Ecuador, esto se refleja en hechos cada vez más atroces: cuerpos arrojados en la vía pública, descuartizamientos, torturas y ejecuciones utilizadas como mensajes de poder.

“Hoy, los cuerpos de mujeres y niñas son utilizados como despojo, botín de guerra: para marcar territorios, vengar disputas o sembrar terror”, señala un informe reciente. Las víctimas pueden ser hijas, hermanas, vecinas o transeúntes: para las bandas criminales, son cuerpos disponibles para matar.

Nuevos contextos que deben reconocerse como femicidios

Organizaciones de derechos humanos insisten en que es urgente que el Estado adopte un enfoque actualizado de femicidio, considerando las formas contemporáneas de violencia:

Asesinatos con circunstancias agravantes contra mujeres, niñas o adolescentes.

• Violaciones con resultado de muerte.

• Secuestros con desenlace fatal, cuerpos violentados, descuartizados o expuestos públicamente.

• Crímenes donde los cuerpos son abandonados en espacios públicos.

• Niñas y adolescentes asesinadas en entornos controlados por estructuras criminales.

• Asesinato de mujeres trans.

Además, se enfatiza que las familias, especialmente los hijos e hijas que quedan en orfandad, no son víctimas colaterales, sino víctimas directas que requieren reparación integral y acompañamiento del Estado.

Nuevos contextos que deben reconocerse como femicidios

La provincia de Guayas registró el mayor número de femicidios con 119 casos, seguida por Manabí (61), Los Ríos (40), El Oro (33), Pichincha (20), Esmeraldas (18), Santa Elena (15) y Sucumbíos (9).

De las víctimas, 17 mujeres habían denunciado antecedentes de violencia, 4 contaban con boletas de auxilio y 7 habían reportado abuso sexual.

De los 349 casos:

• 40 eran niñas o adolescentes.

• 112 fueron femicidios en el ámbito íntimo familiar.

• 224 ocurrieron en contextos criminales.

• 1 fue un transfemicidio.

Un llamado urgente al Gobierno

De cara al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivos feministas exigen al Gobierno reconocer la magnitud de la crisis, dejar de ocultar cifras y fortalecer las políticas de prevención, investigación y protección.

“No hay paz posible mientras la vida de mujeres y niñas siga en riesgo. El país necesita una respuesta inmediata y estructural para frenar esta violencia”, señalan las organizaciones.

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