“Nunca nos imaginamos que podría ser un asesino a sueldo. Nos enteramos por las noticias y porque la policía ha venido a preguntar por él. Lo veíamos conversando con un amigo, pero nada más. Para nosotros era un chico tranquilo”, comentó un habitante de la cooperativa Flor del Norte, en el noroeste de Guayaquil, donde frecuentemente se veía a Jorbelis Angulo Ureta, presunto sicario vinculado con el asesinato de un carnicero.

(Te invitamos a leer: “Mi mamá tiene cáncer”: la confesión del sicario que asesinó a carnicero en Guayaquil)

Jorbelis fue detenido al mediodía del domingo 31 de agosto, luego de que supuestamente asesinara a Diógenes González, de 25 años, mientras atendía su negocio, donde trabajaba desde hacía tres años. Tras el crimen, el sospechoso intentó huir, pero fue retenido por los moradores y entregado primero a militares y luego a la Policía.

En su declaración ante las autoridades, Angulo confesó que cometió el asesinato por el pago de 500 dólares, ya que su madre padece cáncer y su cónyuge está próxima a dar a luz.

Audiencia y medidas judiciales

El 1 de septiembre, la Fiscalía formuló cargos contra Angulo por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal. Durante la audiencia de flagrancia, la Fiscalía presentó elementos de convicción que vinculaban al procesado con el hecho: testimonios de un testigo presencial, parte de detención en flagrancia, levantamiento de evidencias (arma de fuego, cartuchos, celular) y actas relacionadas con la víctima.

La defensa solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva, alegando que esta debería ser de último recurso. Sin embargo, considerando la gravedad del delito, con pena prevista de 26 a 30 años, el riesgo de fuga y la necesidad de proteger la investigación, el juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para Angulo Ureta. La decisión busca garantizar la comparecencia del procesado, proteger a testigos y familiares, y asegurar que el delito no quede impune.

El proceso se sustanciará por procedimiento ordinario, con una instrucción fiscal de hasta 30 días, y la causa será reasignada por sorteo entre los jueces de Garantías Penales de Guayaquil, según la normativa vigente.

Para seguir leyendo EXTRA sin restricciones, suscríbete aquí