Gobierno confirma irregularidades en permisos del C.C. Multicomercio tras el incendio

El incendio en el edificio Multicomercio de Guayaquil, ocurrido el 11 de febrero de 2026, ha dejado al descubierto presuntas irregularidades en la fiscalización municipal y ha intensificado las tensiones entre el Gobierno central y la Alcaldía porteña.

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Solo cinco días después del devastador siniestro, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reveló que el 100% de los permisos de funcionamiento del complejo comercial figuran como inactivos o con licencias no renovadas, según la documentación parcial entregada por el Municipio de Guayaquil.

El comunicado oficial de la SNGR, difundido la mañana del 16 de febrero de 2026, llegó apenas horas después de que el ministro del Interior, John Reimberg, anunciara la toma de control operativo de la Empresa Pública Municipal Segura EP tras un allanamiento policial ejecutado la noche del domingo 15 de febrero. 

Esta intervención, según explicó el funcionario desde las mismas instalaciones de Segura EP en el norte de la ciudad, responde a incumplimientos de acuerdos ministeriales y busca integrar los recursos de monitoreo, cámaras y sistemas de alerta al Sistema Nacional de Seguridad para combatir extorsiones, sicariato y grupos delictivos organizados.

Teorías sobre las causas del incendio en el edificio Multicomercio

El mega incendio que consumió el edificio Multicomercio —un complejo de varias torres construido a finales de la década de 1980 y ubicado en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, sector La Bahía— se extendió por más de 36 horas, provocó colapso estructural parcial, daños en inmuebles aledaños y obligó a desplegar cerca de 300 bomberos con decenas de unidades, incluyendo apoyo de otros cantones. 

Las labores de enfriamiento y evaluación continuaron días después, con uso de drones térmicos y sensores para monitorear riesgos de nuevos derrumbes. 

El siniestro dejó pérdidas millonarias, familias sin vivienda y negocios afectados, y reavivó sospechas sobre posibles causas intencionales.En su análisis técnico posterior al desastre, la SNGR solicitó al Municipio ocho ítems específicos de información relacionada con permisos, licencias y certificados. 

Sin embargo, la respuesta entregada presentó graves deficiencias: cuatro de los requerimientos no fueron remitidos en absoluto, y los documentos restantes mostraban secciones incompletas, actas sin firmas de responsabilidad y omisiones que dificultan una evaluación rigurosa de riesgos estructurales y preventivos.

La Secretaría enfatizó que estas irregularidades comprometen directamente la seguridad de los guayaquileños y anunció que procesará de inmediato un informe técnico para definir medidas de mitigación urgentes en el sitio afectado. 

El caso también reabre el debate sobre la efectividad de los controles municipales en edificaciones comerciales antiguas y de alto tráfico, especialmente en un contexto de creciente inseguridad donde el ministro Reimberg ha señalado posibles vínculos entre incendios recientes y acciones orquestadas por grupos delictivos organizados (GDO), con indicios de intentos de ingreso disfrazado de policías o bomberos en zonas siniestradas.

¿Cámaras de videovigilancia de Segura EP como foco de la investigación?

El ministro Reimberg también afirmó que los tres incendios recientes en la ciudad no se tratarían de hechos fortuitos y enfatizando que el Gobierno no permitirá —como ha ocurrido en el pasado— que se apaguen o desactiven las cámaras de seguridad urbana, como las que maneja Segura EP. 

Aunque no detalló pruebas concretas, dejó entrever que la operación forma parte de las pesquisas en curso sobre estos siniestros, sin establecer una fecha estimada para su conclusión.

Por su parte, la alcaldesa (s) Tatiana Coronel confirmó que Segura EP fue allanada en el marco de actuaciones dispuestas por las autoridades competentes, y precisó que las investigaciones se centran en aspectos vinculados a la operación y administración del sistema de cámaras de videovigilancia.