El expresidente peruano Pedro Castillo fue condenado el jueves 28 de octubre a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión, debido a su intento fallido de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. La decisión fue emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que lo responsabilizó por intentar asumir poderes extraordinarios e intervenir otras instituciones del Estado.

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El tribunal concluyó que Castillo se “arrogó el ejercicio del poder” al anunciar la disolución del Congreso sin cumplir los criterios constitucionales para ello, lo que configuró un acto de carácter golpista. No obstante, determinó que el delito de rebelión no se consumó, motivo por el cual la pena impuesta fue menor a los 34 años que había solicitado la Fiscalía.

La Corte Suprema detalla sus motivos

Según la lectura adelantada de la sentencia, Castillo fue detenido en flagrancia delictiva porque su anuncio atentó directamente contra el orden constitucional. Para la sala, su desplazamiento hacia la sede diplomática mexicana evidenció la intención de evadir las consecuencias de sus actos. Esa lectura contradice la versión del exmandatario, quien aseguró que solo buscaba dejar a salvo a su familia.

Durante el juicio, Castillo sostuvo que no se trató de un golpe de Estado, sino de un “discurso político” inspirado en un “clamor popular”. Argumentó que su mensaje no fue una orden ejecutiva, sino una declaración sin efecto jurídico. También negó haber intentado fugar a la Embajada de México.

El tribunal también determinó que, al momento de su detención, Castillo era un presidente “de facto”, pues había roto el vínculo constitucional que sostenía su investidura. Además, dispuso una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos y el pago de una indemnización solidaria de 12 millones de soles, junto a sus coacusados.

La prisión de Barbadillo y el futuro del expresidente

Castillo permanece desde 2022 en el penal de Barbadillo, donde también están recluidos otros expresidentes peruanos. Los tres años que lleva bajo prisión preventiva serán descontados de la condena, por lo que deberá permanecer encarcelado hasta abril de 2034, salvo que su apelación prospere. 

El exmandatario recibió la sentencia con calma y ha denunciado reiteradamente que el proceso en su contra es una “farsa” con motivación política. No obstante, la Corte defendió que la decisión se basa en la evidencia y en la gravedad de sus actos, considerados una amenaza directa al equilibrio democrático del país.

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