Un tribunal chino ha dictado condenas de muerte para 11 miembros de la familia Ming, un grupo criminal que dirigía un imperio de estafas en línea y casinos ilegales en la región de Kokang, Myanmar, cercana a la frontera con China. Esta familia formaba parte de los llamados “cuatro clanes” que controlaban la ciudad de Laukkai, transformándola en un centro de apuestas, tráfico de drogas y fraude cibernético.

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La familia Ming estaba encabezada por Ming Xuechang, quien también ocupó un cargo en el parlamento local de Myanmar. Bajo su liderazgo, la organización reclutaba a miles de trabajadores, muchos de ellos víctimas de trata, para operar complejos de estafas y casinos ilegales. Entre estos, el más infame fue el complejo conocido como Crouching Tiger Villa, donde los empleados eran sometidos a torturas físicas y psicológicas para forzar su participación en actividades ilícitas.

Actividades delictivas y alcance del imperio criminal

Desde 2015, la familia Ming y grupos aliados estuvieron implicados en múltiples delitos: fraude de telecomunicaciones, casinos ilegales, tráfico de drogas, prostitución y homicidios. Según el tribunal, sus operaciones generaron más de 10 millones de yuanes (1,4 millones de dólares), aunque estimaciones externas sugieren que los complejos procesaban miles de millones anualmente.

La organización criminal también fue responsable de la muerte de varios trabajadores que intentaron escapar de los centros de estafa o desobedecieron órdenes internas. Un incidente destacado ocurrió en octubre de 2023, cuando miembros de la familia abrieron fuego contra empleados para evitar su fuga, causando varias muertes. La violencia y la represión interna eran una constante en estos complejos.

Medidas legales y condenas

En respuesta a estas actividades, las autoridades de Myanmar detuvieron a varios miembros de la familia en 2023 y los extraditaron a China. El Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, dictó condenas que reflejan la gravedad de los crímenes cometidos: 11 miembros recibieron la pena de muerte; cinco más fueron condenados a muerte con suspensión de dos años; 11 obtuvieron cadena perpetua; y el resto recibió penas de entre cinco y 24 años de prisión.

Además de las penas de cárcel, se impusieron multas, confiscaciones de bienes y, en algunos casos, expulsiones. Con estas medidas, China busca demostrar su determinación de combatir las redes de fraude y delitos transfronterizos que afectan a su población y que operaban desde territorios fronterizos de Myanmar.

Impacto regional y contexto internacional

El caso de la familia Ming evidencia la magnitud de la industria de estafas en la región fronteriza entre China y Myanmar. Más de 53.000 personas, incluyendo víctimas de trata, han sido devueltas a China desde estos complejos.

Organismos internacionales como la ONU alertan que estas redes han obligado a decenas de miles de trabajadores a cometer fraudes en línea bajo condiciones de violencia extrema, creando un impacto económico y social significativo.

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