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Opinión
Editorial: ¡Seguridad fallida!
El país exige respuestas claras y medidas efectivas para recuperar la paz y la confianza ciudadana
La seguridad presidencial volvió a estar en el centro del debate por el ataque a la caravana del presidente en Cañar. El hecho ocurrió en medio de la convulsión social generada tras la eliminación del subsidio al diésel, que ha generado protestas en varias provincias. Lejos de ser un simple ‘error de seguridad’, el incidente evidencia fallas graves en la planificación y control de zonas de alto riesgo.
El Gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen a su alcance los mapas de riesgo y los llamados semáforos de inseguridad. Resulta inaceptable que el mandatario haya transitado por una zona considerada peligrosa. No hay margen para la improvisación cuando está en juego la vida del presidente.
Un día después del ataque, el ministro del Interior anunció investigaciones, pero es él, junto con sus subalternos, quien cuenta con información sobre los focos de protesta social. Si así falla la protección del jefe de Estado, ¿qué puede esperar el ciudadano común, expuesto al crimen organizado y a cuerpos de seguridad infiltrados por mafias?
La desprotección no es casual: refleja la fragilidad institucional y la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a todos. Si el presidente no está a salvo, nadie lo está. El país exige respuestas claras y medidas efectivas para recuperar la paz y la confianza ciudadana.