La mañana se volvió estridente en la red social X cuando Abdalá Bucaram Ortiz, expresidente del Ecuador, reapareció con un mensaje cargado de furia y memoria política. Lo hizo tras leer un artículo de prensa donde Fabián Alarcón —quien lideró el Congreso durante su destitución y luego asumió la Presidencia interina entre 1997 y 1998— comentaba sobre un tema de actualidad. Bucaram, con una fotografía del periódico en mano, descargó una diatriba contra quien considera el principal artífice de su caída.

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“Esto no se debe permitir en una sociedad ética y decente”, escribió. Se refirió a Alarcón con insultos y lo acusó de darle “lecciones de moral” pese a ser, según él, “un delincuente que me robó la presidencia delinquiendo con un golpe de Estado”.

Aseguró además que Alarcón “no era nadie”, que él lo había impulsado a la presidencia del Congreso, y que luego este lo habría “traicionado” aliándose con el Partido Social Cristiano y oficiales militares.

Pero el ataque no quedó ahí. Bucaram afirmó que “pronto tendrá que ser uno de los 44 diputados que paguen una indemnización millonaria por el crimen cometido”, refiriéndose a la demanda que mantiene abierta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya revisión ha revivido un capítulo clave de la historia política ecuatoriana.

La herida de 1997: la noche que Ecuador tuvo tres presidentes

Para entender el estallido, hay que volver a febrero de 1997, cuando el país quedó atrapado en uno de sus episodios institucionales más insólitos. El 6 de febrero, tras una ola de protestas y un clima de profundo desgaste, el Congreso Nacional aprobó una moción impulsada por el legislador Franklin Verduga Vélez para destituir a Bucaram por “incapacidad mental”, acogiéndose al artículo 100, literal d, de la Constitución de la época.

La votación fue ajustada: 44 de los 82 diputados votaron a favor, una mayoría simple. No hubo un examen médico previo ni un juicio político, elementos que, según los abogados de Bucaram, eran indispensables. La legalidad del procedimiento sigue siendo discutida hasta hoy.

Lo que vino después fue la escena conocida como “la noche de los tres presidentes”. Bucaram insistía en permanecer en Carondelet; la vicepresidenta Rosalía Arteaga reclamaba la sucesión constitucional; y el Congreso, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, proclamó a Fabián Alarcón como presidente interino. Durante horas, el país tuvo tres figuras disputando la legitimidad del mismo cargo.

Tras perder apoyo político y militar, Bucaram voló primero a Guayaquil y luego salió del país rumbo a Panamá, donde permaneció en el exilio durante años. Su destitución marcó el inicio de uno de los periodos más turbulentos del Ecuador democrático.

La CIDH reabre la puerta y Bucaram vuelve al escenario

Casi tres décadas más tarde, ese viejo expediente vuelve a tomar fuerza. El 11 de agosto de 2025 la CIDH notificó al Estado ecuatoriano que debe justificar formalmente por qué destituyó a Bucaram en 1997 bajo la figura de incapacidad mental. El organismo aclaró que el pedido de información no prejuzga a ninguna de las partes, pero sí activa oficialmente el caso.

La defensa de Bucaram sostiene que el procedimiento careció de sustento médico y jurídico, y que los 44 diputados que votaron a favor cometieron una violación de derechos que podría resultar en una indemnización millonaria—cifra que él estima en 200 millones de dólares.

En ese marco, la figura de Fabián Alarcón reaparece inevitablemente, no solo como presidente del Congreso que condujo el proceso, sino como el presidente interino que ocupó el vacío de poder. Cada vez que el caso resurge, los viejos antagonismos se reactivan.

Un estallido que revive un debate nunca cerrado

Por eso el mensaje de Bucaram en X no es un arrebato aislado, sino un síntoma de un conflicto inconcluso entre dos expresidentes que representan visiones opuestas de aquel momento decisivo.

Bucaram acusa a Alarcón de haber orquestado un “golpe” con apoyo de las élites políticas y militares; Alarcón, por su parte, siempre defendió que el país atravesaba un colapso institucional que debía resolverse para evitar un mayor desorden.

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