Colectivos demandan en la Corte Constitucional la nueva ley minera impulsada por el Gobierno
Las organizaciones piden frenar una ley que, según su postura, prioriza el beneficio económico sobre la seguridad jurídica, ambiental y colectiva
Leonidas Iza (derecha) estuvo presente durante la presentación de la demanda, en Quito.
Varias organizaciones sociales presentaron, este lunes 16 de marzo del 2026, una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa.
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La acción fue interpuesta ante la Corte Constitucional por el Frente Nacional Antiminero, la ECUARUNARI y el colectivo Yasunidos. La norma cuestionada fue publicada en el Registro Oficial el 2 de marzo de 2026.
Rechazo a la ley
Los colectivos califican a esta normativa como una especie de “minería exprés” y sostienen que fue aprobada bajo el carácter de económica urgente, pese a que, a su criterio, afecta derechos constitucionales y temas sensibles relacionados con territorios, ambiente y comunidades. El proyecto fue presentado por la Presidencia a la Asamblea el 28 de enero de 2026.
Entre los principales cuestionamientos de las organizaciones está la supuesta eliminación de la consulta previa, un derecho que, según los demandantes, protege a las comunidades frente a intervenciones en sus territorios. También aseguran que la ley permitiría el avance de proyectos sin la obligatoriedad de estudios técnicos y ambientales previos, lo que, en su criterio, pondría en riesgo ecosistemas y zonas de alta biodiversidad.
La minería ilegal es uno de los males que enfrenta el Estado ecuatoriano.
Los demandantes además afirman que la ley vulnera derechos individuales y colectivos, porque priorizaría el beneficio económico por encima de la seguridad jurídica, ambiental y territorial. En ese marco, señalaron que su intención es frenar una normativa que, según su postura, amenaza la soberanía de pueblos indígenas y campesinos.
La ley aprobada por la Asamblea tiene como objetivo oficial fortalecer el desempeño operativo de los sectores estratégicos de minería y energía y forma parte del paquete económico del Ejecutivo. Sin embargo, desde sectores sociales y políticos ya comenzaron los cuestionamientos legales y públicos contra su contenido.
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Durante la presentación de la demanda estuvo el líder indígena Leonidas Iza, quien ha sido un ferviente opositor del actual gobierno. Este indicó que el presidente estaría impulsando esta normativa por presión o por intereses mineros que tendrían sus familiares. "(Daniel Noboa) ha roto ese pacto social para imponer una lógica unilateral que rompe con la constitución".