El abogado de Corporación Noboa, Fernando Yávar, explicó en entrevista los detalles relacionados con el vehículo Porsche Cayenne mencionado por autoridades y sectores del correísmo en el caso de la explosión ocurrida en la Bahía de Guayaquil.

Según Yávar, el automóvil, propiedad de Industrial Molinera, fue utilizado por una trabajadora de confianza de la empresa, Érika Johana Tumbaco Flores, quien lo habría empleado para atender una emergencia médica familiar.

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“No era un carro nuevo ni de lujo”

El abogado aclaró que el vehículo no tenía características de lujo como se ha afirmado públicamente.

“La señora Tumbaco recibió una llamada informando que su hijo estaba enfermo en el hospital del IESS Ceibos. Por esa razón se le facilitó el vehículo. No es un carro nuevo ni de lujo como se ha querido presentar. Es un Porsche Cayenne del año 2011”, señaló Yávar.

De acuerdo con su versión, mientras Tumbaco se dirigía al hospital, recibió otra llamada en la que se le informaba que su vivienda, ubicada en la Isla Trinitaria, estaba siendo allanada por la Policía. Ante ello, decidió desviarse hacia su domicilio.

Sin vínculos con Iván B. ni con el caso de la explosión

Yávar negó que la trabajadora tuviera algún vínculo con Iván B., una de las personas detenidas en el operativo relacionado con la explosión.

“Ella no tenía relación alguna con Ballesteros ni con las familias que vivían arriba. Según comentó, apenas sabía que era una persona que llegaba tarde. Vivían en espacios distintos dentro de la misma casa rentera”, detalló el abogado.

Además, explicó que la esposa de Iván B. fue quien llegó primero a esa vivienda “como madre soltera”, y que el hombre se mudó meses después.

El préstamo fue un acto de confianza, no una práctica común

El defensor de la empresa enfatizó que el préstamo del vehículo fue un acto excepcional de apoyo ante una urgencia médica, sin que exista irregularidad alguna ni favoritismo.

“Se trató de una empleada de confianza. No significa que todos los trabajadores tengan ese tipo de facilidades; fue un caso excepcional”, precisó Yávar.

El abogado también aseguró que cuando Tumbaco regresó a su casa en la Isla Trinitaria, Iván B. ya había sido detenido, y rechazó las versiones que señalan que la mujer retiró evidencias del lugar.

“Eso es completamente falso. No existe evidencia alguna de que ella haya retirado celulares ni objetos. Son versiones políticas sin sustento”, afirmó.

Corporación Noboa pide a Fiscalía que investigue videos de seguridad

Yávar informó que existen tres denuncias formales en curso: una presentada por el asambleísta Juan González, otra por la Comuna de Barrios de Guayaquil, a través del abogado Pedro Granja, y una tercera interpuesta por Corporación Noboa.

La empresa exige que la Fiscalía investigue si las grabaciones de las cámaras de seguridad municipales fueron entregadas en su totalidad o si hubo omisiones.

“Queremos que se determine si, tras la captura de Ballesteros, los videos del sector fueron remitidos a la Fiscalía. Si no fue así, debe establecerse por qué esa evidencia no fue reportada de inmediato. De lo contrario, estaríamos frente a una obstrucción a la justicia”, advirtió Yávar.

Demora en la entrega de videos y acusaciones cruzadas

El abogado cuestionó la demora del Municipio de Guayaquil y de la empresa Segura EP en reportar los videos del hecho.

“No puede ser que recién cuatro meses después se mencione el tema por una alerta política. Si realmente era tan grave, debieron comunicarlo antes. Esto ha sido un show político que debe terminar”, sostuvo.

Frente a estas declaraciones, Pedro Granja respondió en redes sociales publicando el oficio con el que —según dijo— fueron entregados los indicios del atentado, la persecución y la captura de los implicados.

La trabajadora será llamada por la Fiscalía

Yávar aseguró que Érika Tumbaco Flores colaborará con las investigaciones y que su situación es verificable ante las autoridades.

“Ella está afiliada al IESS desde 2021, vive con sus hijos en una casa rentera donde habitan tres familias. Su situación es completamente verificable, y lo demostrará ante la Fiscalía”, dijo el abogado.

El representante de Corporación Noboa reiteró que la polémica generada en redes sociales y en la Asamblea responde a intereses políticos ajenos al proceso judicial.

“Esto ha sido un discurso político sin fundamento. Hoy los hechos están claros y será la Fiscalía la que determine responsabilidades”, concluyó.

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