El IESS lleva más de un mes sin representación tras la salida de la suplente Mercy Maldonado, desvinculada por la Superintendencia de Bancos, el 17 de octubre de 2025, y el abandono del puesto de Richard Gómez.

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Aquello ocurre mientras gremios de asegurados y organizaciones de defensa de la seguridad social denuncian arbitrariedades en la designación de contratos y decisiones dentro del organismo, en tanto que pacientes se quejan de desabastecimiento de medicinas y la deficiente atención.

La crisis institucional se profundizó con la renuncia del presidente Édgar Lama este 18 de noviembre, en medio de cambios en el gabinete. Hasta ahora, solo queda la suplente de la vocalía ejecutiva, María Gracia Espinoza, quien, según gremialistas, no cumple con los requisitos para ejercer funciones en el IESS.

Ante este vacío en la representación, EXTRA pidió información al IESS sobre las medidas implementadas para garantizar legalidad, transparencia y continuidad en la atención a afiliados y jubilados. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Patricia Borja, especialista en seguridad social, advierte que la ley establece un cuórum mínimo para el funcionamiento del Consejo Directivo, pero los cambios recientes generan antinomias normativas.

“Sí puede funcionar el Consejo Directivo con la presencia de dos integrantes, pero el artículo 9 indica que se requiere al menos tres miembros”, explica. Borja señala que la b exhortó a subsanar estas inconsistencias, pero “en este momento el Consejo funciona con irregularidades que pueden afectar la legitimidad de sus decisiones”.

Ricardo Ramírez, exvocal del Consejo Directivo (2000-2003), destaca que “el Consejo Directivo del IESS simplemente no puede funcionar con acciones ilegales. Todo lo resuelto con dos miembros es susceptible de impugnación”.

Ramírez añade que la situación actual (con solo la delegada de los empleadores activa) deja al IESS en acefalía total. “Cualquier decisión tomada carece de legalidad”, sostiene.

Según Ramírez, la Ley Reformatoria de Seguridad Social exige elección universal, directa y secreta para los vocales de asegurados y empleadores. “Se podría acelerar el proceso con intervención del Consejo Nacional Electoral, pero la responsabilidad final es del presidente de la República, quien debe garantizar un delegado técnico y responsable”, enfatiza.

Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, considera que decisiones como la declaratoria de emergencia en salud, adoptadas por un Consejo incompleto, carecen de representación legítima.

“Los asegurados solo aparecen para justificar acciones de la institución. Esto es un contrasentido que no puede continuar”, dice. Según Rodas, tanto la Contraloría como la Fiscalía deben revisar las contrataciones y compras realizadas sin un cuórum válido.

Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), asegura que desde hace casi tres años los trabajadores carecen de delegación en el IESS.

“Richard Gómez validó decisiones en contubernio con los gobiernos anteriores y no representó a los afiliados. Ahora, con la renuncia de Lama y la salida de Mercy Maldonado, cualquier acción del IESS es ilegal”, argumenta.

Arellano enfatiza la necesidad urgente de elecciones para designar al vocal de los afiliados y advierte que procesos anteriores fueron inconstitucionales.

Ramírez, Rodas y Arellano coinciden en que solo elecciones urgentes organizadas por el CNE le darán estabilidad al IESS.

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