Juicio político a Mario Godoy se inicia en medio de tensiones entre ADN y correísmo

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dio inicio formal a la fase de actuación de pruebas dentro del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. La sesión, desarrollada este 3 de febrero de 2026, estuvo marcada desde sus primeros minutos por un fuerte cruce entre el oficialismo y la bancada de la Revolución Ciudadana, en medio de cuestionamientos por la admisión de nuevas evidencias y el manejo del proceso.

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Godoy compareció ante la mesa legislativa para responder a los documentos presentados por los cinco asambleístas correístas que impulsan su interpelación: Viviana Veloz, Raúl Chávez, Franklin Samaniego, Liliana Durán y Xavier Lasso. 

Por disposición del presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), la sesión se realizó en el salón José Mejía Lequerica, un espacio reservado para jornadas con alta asistencia.

Un inicio marcado por la tensión

Antes de instalar la sesión, Franklin Samaniego recordó que el pasado 2 de enero el oficialismo solo permitió incorporar dos pruebas adicionales, pese a que el correísmo había solicitado incluir más documentos después de que el proceso fuera enviado al Consejo de Administración Legislativa (CAL). 

Esa decisión, dijo, limitó la posibilidad de ampliar los elementos de convicción.

Álvarez, por su parte, lanzó una advertencia que definió el tono del debate: “No me prestaré para ningún tipo de show ni para la utilización de la política. No es un espacio de desahogo. Es un proceso serio que exige rigor”.

Sus palabras provocaron la reacción inmediata de los legisladores correístas, quienes cuestionaron que se minimice el componente político de un juicio de esta naturaleza.

El primer cruce ADN - correísmo

El asambleísta Xavier Lasso sostuvo que no se debía adelantar juicios ni declaraciones antes de iniciar formalmente la actuación de pruebas. También acusó a Álvarez de incoherencia al afirmar que no se puede separar lo político de un proceso que, por definición, es político.

Viviana Veloz, en tanto, pidió avanzar con la interpelación sin más demoras y aseguró que el funcionario ya había tenido tiempo suficiente para responder a los señalamientos. A su criterio, el país necesita claridad sobre el rol de la Judicatura en casos de alto impacto.

Pruebas incorporadas

De todas las solicitudes planteadas, la comisión aceptó únicamente dos nuevas evidencias. La primera corresponde a una publicación en la red social X sobre un supuesto audio vinculado a la exesposa de Roger Tumalli, exfuncionario de la Judicatura, relacionado con la sentencia del denominado caso Pendrive. 

Ese fallo guarda relación con la acción de protección presentada por la exvicepresidenta Verónica Abad, que fue favorable tras una decisión de la jueza Nubia Vera.

La segunda prueba es el video y audio de la comparecencia de Godoy en la Asamblea el 5 de enero de 2026, en la que habló sobre la actuación profesional de su esposa, Dolores Vintimilla, y negó que haya defendido a personas procesadas por narcotráfico, indicando que se trató de causas por lavado de activos y en una etapa preprocesal.

Moticos del juicio político

La interpelación se originó tras la denuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien afirmó haber recibido presiones en el caso Euro 2024, proceso en el que fue condenado el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. 

Posteriormente se difundió un audio en el que Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura en Pichincha y cercano a Godoy, conversa con Serrano sobre ese expediente.

Para la Revolución Ciudadana, estos hechos evidencian un posible incumplimiento de funciones, interferencia en el sistema judicial y un eventual conflicto de intereses, lo que sustenta el pedido de destitución del presidente de la Judicatura.

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