La acusación particular presentada por Amanda y Tamia Villavicencio, hijas del periodista y candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, describe con detalle los presuntos roles que habrían cumplido José Serrano Salgado, Daniel Salcedo Bonilla, Ronny Aleaga Santos y Xavier Jordán Mendoza en la planificación, coordinación y ejecución del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023, en Quito.

El documento, al que tuvo acceso EXTRA, fue ingresado a la Unidad Judicial Penal de Iñaquito el 7 de noviembre de 2025 y se sustenta en los artículos 140, 42 y 43 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relativos al delito de asesinato y las formas de participación penal. Las hijas del político comparecen como víctimas indirectas, en ejercicio del derecho constitucional a la reparación integral y la verdad judicial.

¿Una estructura planificada acabó con Fernando Villavicencio?

En su exposición, las acusadoras señalan que el ataque que terminó con la vida de su padre fue el resultado de una acción premeditada y coordinada, en la que los procesados habrían tenido un papel determinante en distintas fases del plan delictivo. Según el texto, las diligencias fiscales revelan la existencia de “un grupo estructurado y coordinado” que no solo ejecutó el ataque, sino que también proporcionó logística, financiamiento, información estratégica y encubrimiento posterior.

(Te invitamos a leer: El misterio de los panfletos y muertes que aterran a Yaguachi: ¿Limpieza criminal?)

La acusación afirma que los cuatro procesados intervinieron en calidad de autores mediatos, instigadores o cómplices, dentro de un “esquema criminal con alto grado de organización”. Entre los elementos considerados se incluyen interceptaciones telefónicas, pericias financieras, análisis de dispositivos electrónicos y testimonios anticipados. Todos, según el escrito, evidencian coordinación entre los implicados y con terceros operadores.

Los presuntos roles de los procesados en el caso Magnicidio FV

El documento describe funciones específicas atribuidas a cada uno:

• José Ricardo Serrano Salgado habría mantenido “dominio estratégico sobre segmentos de la Policía Nacional”, desviando información reservada sobre la seguridad de Villavicencio. Esa acción, según la acusación, permitió identificar vulnerabilidades en el esquema de protección del candidato y facilitar su asesinato.
• Daniel Josué Salcedo Bonilla es señalado como administrador del financiamiento ilícito, con pericias que vinculan sus movimientos económicos a la fase de preparación del crimen. Las comunicaciones periciadas demostrarían su participación en pagos y sostenimiento operativo.
• Ronny Xavier Aleaga Santos, exlegislador y también procesado en el caso Metástasis, habría actuado como articulador político y garante de impunidad, enlazando actores penitenciarios y estructuras delictivas para asegurar protección institucional antes y después del atentado.
• Xavier Edmundo Jordán Mendoza, empresario radicado en el exterior, es descrito como instigador directo y facilitador operacional, vinculado a conversaciones y videollamadas que “aceleraron la decisión criminal”. Incluso, el escrito señala que habría hostigado a las hijas de Villavicencio, lo que demuestra persistencia del dolo y riesgo procesal vigente.

El texto sostiene que los cuatro presuntamente “orientaron sus acciones hacia un mismo resultado lesivo: la eliminación de Fernando Villavicencio”, y pide que la jueza encargada del caso mantenga vigilancia judicial reforzada por el “alto poder de influencia” de los acusados.

Sin reparación económica por el crimen de Fernando Villavicencio

Las hijas de Villavicencio renunciaron expresamente a cualquier reparación económica, argumentando razones éticas. Afirmaron que “no es justo recibir un centavo de los procesados”, pues los recursos económicos podrían tener el mismo origen ilícito con el que, presuntamente, se pagó el crimen.

(Además: ¿Coche bomba en el sur de Quito? Esto encontraron agentes del GIR de la Policía)

En lugar de compensación monetaria, pidieron una reparación simbólica y restaurativa, que consistiría en que, una vez dictada sentencia, los autores reconozcan públicamente su culpabilidad ante el país, pronunciando las palabras: “Somos culpables del magnicidio de Fernando Villavicencio”.

Testimonios recientes y nuevas diligencias en el caso Magnicidio FV

En los últimos días, la Fiscalía General del Estado confirmó que un testigo protegido rindió testimonio anticipado desde Bolivia, donde relató detalles sobre la presunta financiación y la estructura criminal que habría participado en el asesinato. Parte de su versión se filtró en redes, lo que motivó una advertencia oficial de la Fiscalía, que calificó los audios difundidos como “mutilados y descontextualizados”.

Asimismo, los abogados de José Serrano y Ronny Aleaga calificaron el testimonio como “preparado a conveniencia”, mientras el proceso continúa en etapa de instrucción fiscal. La jueza del caso dispuso prisión preventiva para Serrano y Jordán, y mantiene medidas cautelares contra los demás procesados, mientras avanzan las investigaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete a EXTRA!