En la zona rural del cantón Yaguachi, provincia del Guayas, el ruido del campo volvió a mezclarse con ráfagas de fusil. En apenas cuatro días, ocho personas fueron asesinadas en distintos sectores del cantón. Las escenas hicieron que las miradas, al parecer, apuntaran hacia un grupo: Los Tiguerones, según mencionó una fuente local.

A partir de esa hipótesis, el investigador Renato Rivera, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Gitoc, por sus siglas en inglés), plantea que lo ocurrido encajaría con un proceso de “limpieza interna” dentro de esa estructura criminal. Explica que, tras la captura en España de su líder, Willian Joffre Alcívar Bautista, alias Willy, la organización se fragmentó en brazos enfrentados que ahora buscan imponer autoridad mediante la fuerza.

División y disputa criminal en Yaguachi

Rivera observa que la fractura dividió al grupo en células con alianzas opuestas: unas mantienen nexos con Los Águilas (facción de Los Choneros) y otras con sus enemigos directos, Los Lobos. Esa pugna, sostiene, no perseguiría territorio sino control interno, la eliminación de disidencias que amenazan la cadena de mando.

El analista Nelson Yépez coincide en que Yaguachi vive una disputa por reemplazos. Cada vez que cae un cabecilla, explica, surge una competencia inmediata por ocupar su lugar. Las bandas no solo se enfrentarían por rutas o armas, sino por demostrar quién manda y quién resiste.

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Para el especialista, el crimen se ha desplazado. La presión militar en Guayaquil y Durán empujaría a las organizaciones hacia los cantones vecinos, donde la vigilancia suele ser más débil y los caminos rurales ofrecerían refugio. “El delito migra con más rapidez que el Estado”, resume. En ese contexto, los asesinatos ocurridos entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre no serían hechos aislados, sino el síntoma de una recomposición criminal que vuelve a poner a Yaguachi en el mapa del miedo.

Cuatro días de ejecuciones en la ruralidad de Yaguachi

El 31 de octubre, en la cooperativa 16 de Diciembre, parroquia Virgen de Fátima, la Policía halló dos cuerpos sobre la calzada. Uno tenía 18 años; el otro era menor de edad. En el lugar se levantaron 27 vainas de proyectiles de arma larga. Los informes vinculan el ataque a un sujeto posiblemente vinculado a Los Águilas.

Al día siguiente, 1 de noviembre, los agentes acudieron a la parroquia Pedro J. Montero. Allí yacían Jeremi Estuardo Campoverde Espinoza (22) y Wilmer Leyton Bustamante García (24). Habían salido en mototaxi y fueron acribillados en la vía. Campoverde había sido investigado por tráfico de drogas.

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El 2 de noviembre, tres hombres fueron encontrados maniatados y con disparos en la cabeza en el recinto Buena Fe, de Pedro J. Montero. A un lado había un cartel con nombres y una advertencia de “limpieza”. Un día después, el 3 de noviembre, un nuevo cuerpo apareció junto a la vía Tres Postes-Yaguachi. Presentaba un impacto en la sien. Ninguna cámara registró el hecho. Las escenas coinciden: disparos de alto calibre, horarios similares y exposición. Para los analistas, es la forma en que el crimen dejaría constancia de poder y control.

El mensaje del miedo en Yaguachi

El panfleto hallado en Buena Fe fue el único texto visible de esa secuencia. Su mensaje, aparentemente escrito a mano, enlistaba nombres y advertía de una “limpieza” en la zona. Para Rivera, no era un aviso improvisado, sino un código interno que indica quién tiene la voz de mando. El investigador explica que, cuando la estructura de una organización se rompe, los grupos recurren a mensajes visibles para recomponer disciplina. Cada panfleto, dice, funciona como una orden para los suyos y una advertencia para los demás.

Carrión, exoficial de inteligencia, observa otro aspecto: los patrones de ejecución revelan sometimiento. Algunas víctimas estaban atadas, boca arriba o de rodillas, con disparos dirigidos. Lo interpreta como una especie de ejecución extrajudicial entre criminales, realizada con método y mensaje.

El exoficial sostiene que detrás de cada muerte hay un proceso previo: secuestro, traslado, interrogatorio y ejecución. La exhibición pública es parte del ritual de intimidación. Desde su experiencia, las leyes ecuatorianas aún no logran abarcar esta modalidad, porque los delitos cometidos por grupos organizados no reciben el mismo tratamiento que las violaciones a derechos humanos cuando provienen del Estado.

Un repunte en las cifras de violencia

Según datos del Ministerio del Interior, Yaguachi registró 43 homicidios intencionales entre enero y septiembre de 2025. Aunque la cifra es menor que la de 2023 (62), representa un aumento frente a 2024, cuando se reportaron 31 casos.

Además, en los registros se precisa que nueve de cada diez muertes se catalogan como asesinatos y casi todas se relacionan con violencia criminal. En la mayoría se usan armas de fuego y las víctimas son hombres jóvenes, entre 18 y 34 años.

Territorio en disputa criminal

Yépez identifica en Yaguachi un corredor sensible: conecta con Durán y con el kilómetro 26 de la vía a Milagro, zonas históricamente marcadas por la presencia de bandas. Controlar esos pasos equivale a dominar rutas de droga y extorsión. Las entrevistas recogidas por la Policía revelan otro patrón: la gente tiene miedo de hablar. La mayoría de testigos se niega a identificarse por temor a represalias. Ese silencio, coinciden los expertos, también es parte del dominio criminal.

Conclusión de los expertos

Rivera considera que la fragmentación de los Tiguerones es reflejo de una tendencia regional: cuando se rompe la jerarquía, el crimen se atomiza y multiplica su violencia. Yépez cree que la respuesta no debe limitarse a operativos, sino a una política de Estado sostenida que combine inteligencia, control territorial y prevención del reclutamiento juvenil. Por su parte, Carrión plantea que el país necesita cerrar vacíos legales frente a las ejecuciones cometidas por grupos criminales y fortalecer la coordinación entre Policía, Fuerzas Armadas y Fiscalía.

En Yaguachi, coinciden los tres especialistas, la violencia no habría surgido de la nada: sería el resultado visible de un poder que el Estado aún no ha logrado recuperar.

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