Reos a las calles de Ecuador, sin miedo ni culpa

Diagnosticar a un privado de la libertad las cárceles no es fácil. Entre la falta de seguimiento psicológico y la imposibilidad de aplicar pruebas de forma continua, cualquier intento de rehabilitación se queda a medias, sobre todo en centros como la Penitenciaria del Litoral y La Roca, de máxima seguridad.

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Ese fue el escenario que enfrentó Daniela, psicóloga clínica, quien atendió a reos con rasgos de psicopatía, neurosis y psicosis durante dos años en el sistema penitenciario de Guayaquil, entre 2020 y 2022. Hoy pide mantener su identidad en reserva y confiesa a EXTRA que, en esas condiciones, establecer diagnósticos era particularmente complejo.

El caso no es aislado. Forma parte de un patrón que especialistas en salud mental identifican en agresores con rasgos de psicopatía, una estructura de la personalidad que se manifiesta en la falta de culpa, la manipulación y la incapacidad de sentir empatía, y que en contextos de violencia y abandono puede consolidarse desde la infancia.

En algunas cárceles del país, donde la rehabilitación es limitada o inexistente, estos perfiles no solo pasan desapercibidos, sino que salen nuevamente a las calles sin haber sido tratados.

Allí, Daniela conoció a un hombre con rasgos psicopáticos. “Era un tipo servicial”, recuerda. Durante los talleres se ofrecía constantemente a ayudar, aunque siempre con el objetivo de obtener algún beneficio.

Comenzó a escribir —nadie sabe con certeza cómo, aunque en la cárcel siempre existen vías para acceder a un celular— y terminó publicando textos en medios virtuales. Escribía sobre situaciones amorosas: una experiencia vivida en el colegio parecía haberse fijado como núcleo de su comportamiento. “En mi hipótesis clínica, algo ahí entró en juego”, señala la psicóloga. “Luego se repetía el mismo patrón: la búsqueda constante de chicas de colegio”.

Se trata de un hombre oriundo de la Sierra que continúa detenido. En ese momento tenía abiertos 12 procesos penales por violación de menores de edad y pornografía infantil. En las entrevistas clínicas, recuerda Daniela, él aseguraba que las víctimas le habían pagado a la jueza. Podía decirlo sin titubeos y sonreír mientras afirmaba que todas estaban mintiendo.

Cuando la empatía se apaga

Los rasgos de la psicopatía descritos por la psicología clínica son los de una estructura de la personalidad en la que se evidencian déficits afectivos, interpersonales y de conducta que tienen un componente genético, pero no se activan en el silencio. Pueden desarrollarse, en muchos casos, en escenarios donde el abuso físico y sexual existe, explica Pamela Acosta, docente de Psicopatología del agresor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, espacios donde la infancia aprende a sobrevivir antes que a sentir. Allí la empatía no se cultiva, se extingue.

La violencia, repetida y normalizada, termina por moldear la personalidad hasta hacerla rígida, casi irreversible. “Estas personas pueden tener empatía cognitiva, pero no afectiva. Saben qué pasos seguir y anticipan cómo va a reaccionar el otro, pero actúan manipulando. No pueden ponerse en los zapatos del otro; no sienten remordimiento ni vergüenza”, señala al catedrática.

A su criterio, estos rasgos también se desarrollan por la falta de límites y por la exposición prolongada a contextos de violencia. “Es como si se pusieran una máscara: ‘no voy a sentir nada’. Se la creen muy bien y, no de manera consciente, piensan: ‘cómo sufrí tanto, nadie me va a volver a hacer sufrir; haré todo lo necesario para que todo salga como yo quiero’”, explica en diálogo con este Diario.

Diagnosticar entre rejas

La psicóloga agrega que, aunque el Manual de Gestión Penitenciaria y los ejes de rehabilitación establecen que debería existir al menos un psiquiatra en los centros de privación de libertad del país, en la práctica esto no ocurre. “Cuando he conversado con los directores (de las centros de reclusión), el planteamiento es siempre el mismo: el Ministerio de Salud Pública no envía profesionales porque ningún psiquiatra quiere trabajar en las cárceles”.

En un escenario ideal, según Acosta, debería haber al menos un psicólogo y un psiquiatra en cada Centro de Rehabilitación Social. Sin embargo, reconoce que esta disposición rara vez se cumple. “La carga laboral para los psicólogos que sí están en los centros es altísima. Hay hacinamiento, tuberculosis y múltiples problemáticas que desbordan cualquier intento de intervención”, advierte.

Cárceles con rehabilitación a medias

La Constitución ecuatoriana establece que el sistema penal y el internamiento tienen como finalidad la educación del sentenciado y su capacitación para el trabajo, con el objetivo de lograr su rehabilitación y permitir una adecuada reincorporación social.

Asimismo, la legislación dispone que los centros de detención deben contar con recursos materiales e instalaciones adecuadas para atender la salud física y psíquica de los privados de libertad.

En un taller de salud mental en el que los internos trabajaron el tema del rencor, uno de los presos le relató a Daniela que llevaba una lista de personas que, según él, le habían hecho daño. “Ese es un rasgo psicopático”, explica ella, hoy alejada de los programas de rehabilitación penitenciaria.

Recuerda, además, que los reos que no reciben procesos reales de rehabilitación regresan a la sociedad en las mismas condiciones en las que ingresaron —o incluso en peores— una vez cumplida su condena.

El 10 de diciembre de 2025, el juez Julián Naranjo resolvió aceptar parcialmente la demanda presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), debido a lo que la organización califica como una aguda crisis carcelaria, ampliamente documentada en casos de tuberculosis en la Penitenciaría del Litoral.

La sentencia establece que “Se declara la violación directa de los derechos de las personas privadas de la libertad en los pabellones del CPL Guayas N°1, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a recibir servicios públicos de calidad, salud, alimentación, rehabilitación y su derecho a cumplir su pena privativa de libertad en condiciones apegadas a la dignidad de las personas privadas de libertad del CPL Guayas N°1”.

EXTRA solicitó una entrevista al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) sobre las condiciones de rehabilitación carcelaria, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Rasgos de psicopatía en mujeres cómplices de secuestros

El psicólogo clínico Luis Burgos, docente de la Universidad de Oviedo, formó parte de un equipo de investigación de la Universidad Católica de Cuenca que, en 2018, aplicó pruebas para medir rasgos de psicopatía a 117 internas de la cárcel de Turi. Burgos explica que, de acuerdo con la literatura especializada —en la que Robert Hare es uno de los principales referentes—, existen psicópatas primarios y secundarios.

“El psicópata primario planifica sus acciones transgresoras; hay una estructura clara detrás de la conducta”, señala. En el caso de Turi, los investigadores identificaron mujeres que tendían a involucrarse en conductas psicopáticas como respuesta a una necesidad. “Sus parejas las vinculaban al tráfico de drogas, a ingresar sustancias a las cárceles. Se involucraban en el delito más por supervivencia que por iniciativa propia”, explica.

La tesis también subraya que la psicopatía es más frecuente en hombres. Las mujeres que presentaron rasgos psicopáticos secundarios: el 75 por ciento había terminado la primaria y, antes de perder su libertad, el 44 por ciento no tenía ocupación.

Según el estudio, se encontraron rasgos de psicopatía primaria en alrededor del uno por ciento de la población evaluada, mientras que en el resto predominaban características de psicopatía secundaria. “Las mujeres no organizaban secuestros ni eran autoras intelectuales de los delitos; en muchos casos, acompañaban o ejecutaban tareas asignadas por sus parejas”, detalla Burgos.

Sin sistema sólido, no hay resultados

Carolina trabajó como psicóloga clínica en la cárcel de mujeres de Guayaquil, hasta 2023. Durante esos años vio algo que se repetía: los procesos de rehabilitación psicológica rara vez lograban preparar a las internas para una reinserción social real. Programas e intervenciones existían, pero casi siempre se quedaban cortos frente a la magnitud de los problemas.

La sobrecarga de casos por profesional, las terapias interrumpidas, la ausencia de acompañamiento psiquiátrico y la falta de seguimiento una vez recuperada la libertad terminaban por diluir cualquier esfuerzo.

Carolina advierte que este vacío no se queda dentro de los muros de la prisión. Afecta a quienes salen sin contención suficiente, aumenta el riesgo de reincidencia y deja una huella profunda en la seguridad ciudadana, así como en las víctimas, que siguen cargando con las consecuencias de procesos inconclusos.

“La carga laboral de los psicólogos es altísima: hay hacinamiento, tuberculosis y problemas que desbordan cualquier intervención”Pamela Acosta, docente de Psicopatología

Jessica Jaramillo, excoordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, recuerda que el Estado ha sido sancionado por prácticas de tortura dentro de los centros de rehabilitación social. Además, señala que desde hace más de 20 años el país carece de un sistema de rehabilitación que cumpla su función y se ajuste a la normativa internacional.

Según Jaramillo, la Estrategia Nacional de Reducción del Crimen interviene con SNAI, Policía Nacional, Fiscalía y Consejo de la Judicatura, pero la falta de un sistema sólido limita los resultados y deja a la sociedad expuesta a los efectos de una rehabilitación incompleta.

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