El mapa del crimen que marcará 2026: ¿Será el año del reacomodo criminal?
Capturas, fracturas internas y nuevas alianzas están moviendo piezas en silencio mientras la violencia cambia de forma y territorio

En 2025, las muertes violentas incrementaron, al igual que la tasa de homicidio, colocando al Ecuador como uno de los países más peligrosos de la región.
Ecuador no llega a 2026 con el crimen organizado derrotado, pero tampoco con el mismo mapa criminal de años anteriores. Las capturas, asesinatos y extradiciones de líderes históricos han alterado la estructura de las organizaciones, abriendo un escenario distinto: menos jerarquías claras y más facciones disputando territorio, economías ilícitas y control social.
El cierre de 2025 confirma que la violencia no sigue una línea recta. Tras un leve descenso en 2024, los homicidios repuntaron con fuerza en 2025, alcanzando una tasa cercana a 50 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina. El fenómeno no responde a un solo factor, sino a un proceso de fragmentación criminal que ha vuelto más volátil el uso de la violencia.
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Este escenario, coinciden autoridades y analistas, no sería producto de un colapso inmediato del Estado, sino del reacomodo de estructuras delictivas que, al perder a sus jefes visibles, se multiplican y compiten entre sí.
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La violencia en Ecuador en cifras
Entre 2020 y 2025, Ecuador pasó de 1.372 homicidios a más de 9.100. La tasa, que era de 8,1 por cada 100.000 habitantes en 2020, se elevó progresivamente hasta alcanzar 50,2 en 2025. El dato clave no es solo el aumento, sino la forma: picos, descensos parciales y nuevos repuntes.
Esta oscilación, según especialistas consultados por EXTRA, es característica de contextos donde las organizaciones criminales pierden cohesión interna. Cuando no existe un mando único capaz de imponer reglas, la violencia se convierte en el principal mecanismo de resolución de disputas.
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El gráfico de homicidios de los últimos seis años muestra que el problema no es coyuntural. La violencia, al parecer, se ha vuelto estructural y altamente sensible a los reacomodos internos del crimen organizado.
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José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, enfrenta actualmente la justicia de los Estados Unidos.
El balance institucional de la Policía Nacional del Ecuador
Para la Policía Nacional, 2025 fue un año “complejo y difícil”. El comandante general, Pablo Dávila Maldonado, reconoció, durante una entrevista en Radio Vigía, que el año comenzó con un crecimiento exponencial de homicidios y una proyección crítica que estimaba cerca de 11.900 muertes violentas si la tendencia inicial se mantenía.
Con corte al 19 de diciembre, la cifra oficial se ubicó en 8.847 homicidios, por debajo de ese escenario crítico, aunque sin dejar de ser un dato alarmante. Dávila atribuye esta contención parcial a una reorganización operativa basada en hiperfocalización territorial, metas diarias y el estrangulamiento de economías criminales.
El balance operativo de la entidad incluye más de 70.000 personas detenidas, más de 214 toneladas de droga incautadas y más de 10.300 armas de fuego retiradas de circulación. Sin embargo, incluso desde la visión policial, estos resultados no implican la desaparición del crimen organizado.
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Willian Alcívar, Negro Willy, permanece en España en espera de una posible extradición a Ecuador.
Se rompe el mapa del crimen organizado en Ecuador
Dávila reconoce que la captura de objetivos de alto valor genera efectos secundarios. Al desaparecer un liderazgo vertical, las organizaciones pasarían a un esquema horizontal, donde varios actores buscarían imponer control, lo que incrementaría las disputas violentas.
Esta explicación coincide con la lectura de Kléber Carrión, exoficial de inteligencia policial y exfuncionario del sistema penitenciario. Para él, la fragmentación no es nueva, pero se ha profundizado por la fragilidad de los liderazgos criminales.
Carrión sostiene que los nombres de las bandas han perdido incluso su valor identitario. Las facciones operan con agendas propias y alianzas cambiantes, priorizando el control territorial por encima de cualquier lealtad histórica.
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Territorio y economías criminales
En este nuevo escenario, la violencia no respondería a símbolos ni venganzas personales, sino al control de economías ilícitas. El territorio sería la puerta de entrada a negocios como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el almacenamiento de droga.
La fragmentación, explica Carrión, genera más violencia porque la lucha es constante. Cada facción necesitaría demostrar fuerza para sostener su presencia y evitar ser absorbida por otra.
Este fenómeno se vería con claridad en provincias como Guayas, donde barrios periféricos de Guayaquil y cantones como Durán concentran disputas armadas por accesos estratégicos a puertos y rutas logísticas.

Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder de Los Lobos, fue detenido en España con otra identidad.
La extorsión en el Ecuador
Tanto la Policía como los analistas coinciden en que la extorsión es uno de los delitos más complejos del actual escenario. Se trata de una economía criminal altamente rentable y, en gran medida, subreportada.
Dávila admite que el miedo a represalias impide dimensionar el problema en cifras reales. Por ello, la institución habría impulsado estrategias de proximidad comunitaria y canales de información confidencial, para recuperar la confianza ciudadana.
La expansión de la extorsión explica por qué, incluso cuando bajan los homicidios en ciertas zonas, la sensación de inseguridad persiste o se agrava.
Diversificación de las bandas criminales
Para Nelson Yépez, el crimen organizado en Ecuador se ha vuelto oportunista y migratorio. Las bandas cambiarían de alianzas según conveniencia, lo que incrementaría la violencia interna y favorecería al grupo más sanguinario.
Yépez advierte que las respuestas estatales basadas en “parches” no son suficientes. A su criterio, el país requiere una política de Estado que articule acciones de corto, mediano y largo plazo.
Uno de los elementos más preocupantes, señala, es el aumento de niños y adolescentes reclutados para sicariato, extorsión y narcotráfico, un fenómeno que garantiza el relevo criminal si no se interviene desde lo social.
El diagnóstico internacional
El análisis de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (Gitoc, por sus siglas en inglés), elaborado por Renato Rivera, advierte que la ausencia de liderazgo en los principales grupos ha detonado una segunda ola de violencia más dispersa e impredecible.
Tras una caída del 14 % en homicidios entre 2023 y 2024, las proyecciones para 2025 estimaban más de 9.100 muertes, lo que mantendría a Ecuador como el país con la tasa de homicidios más alta de la región.
El informe identifica la fragmentación de bandas como el principal motor de esta violencia, junto con la diversificación de mercados ilegales que garantizan rentabilidad incluso en contextos de alta presión policial.
Nuevas alianzas, viejas disputas
La captura de líderes como Negro Willy, Pipo, el asesinato de Ben 10 o la extradición de Fito no solo habría fragmentado a sus organizaciones, sino que, al parecer, dio paso a nuevas alianzas. Tiguerones, Chone Killers y Lobos operarían hoy como redes de facciones con pactos temporales.
Estas alianzas pueden reducir momentáneamente la violencia armada en ciertas zonas, pero fortalecerían la gobernanza criminal y expandirían economías como la extorsión y la minería ilegal.
En lugares como Durán, donde la tasa de homicidios supera los 140 por cada 100.000 habitantes, la fragmentación de los Chone Killers ha derivado en asesinatos recurrentes de jóvenes y líderes locales.

Benjamín Camacho, alias Ben 10, líder de los Chone Killers fue asesinado por sicarios en Colombia, el 28 de diciembre de 2024.
Tres escenarios hacia 2026 en Ecuador
El informe de Gitoc plantea tres rutas posibles para el 2026. La primera contempla un nuevo repunte de violencia si se producen retornos o extradiciones pendientes que reaviven disputas internas, especialmente en cárceles.
El segundo escenario prevé una consolidación de alianzas lideradas por grupos como Los Lobos, lo que podría reducir temporalmente los homicidios, pero a costa de un mayor control criminal sobre territorios y economías ilícitas.
El tercero alerta sobre el impacto directo en líderes comunitarios. La rotación constante de jefes criminales expone a las comunidades a represalias, desplazamientos forzados y homicidios selectivos.
Para los analistas Rivera, Carrión y Yépez, la capacidad del Estado para enfrentar este escenario dependerá de algo más que capturas y operativos. Según ellos, la fragmentación ha demostrado que el crimen organizado se adapta con rapidez.
Advierten que sin una política de Estado sostenida, fortalecimiento de inteligencia y una intervención social que frene el reclutamiento de menores, la reconfiguración criminal podría consolidarse en 2026 con menor visibilidad, pero mayor control territorial.
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