Tras los recientes hechos violentos en los que 31 personas privadas de libertad murieron en la cárcel de Machala volvió a mostrar que, pese a los operativos militares, el sistema penitenciario ecuatoriano continúa en crisis. 

Además, el traslado de reos “de alta peligrosidad” hacia la nueva Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, fue presentado como una respuesta para retomar el control. Sin embargo, detrás de la aparente calma, los problemas estructurales persisten según expertos consultados por EXTRA. 

Un exgeneral analiza el problema 

El general Luis Altamirano, excomandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sostiene que la crisis no radica en la falta de fuerza pública, sino en la ausencia de una gestión técnica. Para él, las cárceles ecuatorianas carecen de un modelo que integre seguridad, rehabilitación y reinserción social. 

A su criterio, no existen sistemas digitales que prevengan la corrupción ni personal capacitado que asuma las tareas administrativas y de control. Los centros de privación de libertad continúan con infraestructura precaria, sin presupuesto suficiente y con hacinamiento que se agrava año tras año.

A diferencia de países con sistemas progresivos, donde los internos son evaluados según su perfil delictivo y grado de peligrosidad, el general precisa que en Ecuador conviven todo tipo de reclusos sin clasificación ni tratamiento diferenciado. Esta mezcla, unida a la falta de vigilancia estructurada, mantiene las cárceles en un estado de vulnerabilidad permanente.

Altamirano advierte que las muertes ya no se concentran en masacres mediáticas, sino en episodios silenciosos que pasan desapercibidos. Asfixias, desnutrición y abandono se han vuelto parte del día a día, mientras las bandas controlan la alimentación y los servicios básicos dentro de los pabellones. “Ya no hay masacres, pero sí asesinatos selectivos que superan los niveles permisibles de muertes naturales”, señala el exjefe militar.

Una medida sin resultados

La militarización, implementada desde 2023 como medida de emergencia, estabilizó temporalmente el sistema, pero no atacó el origen del problema. El control de los anillos de seguridad sigue siendo confuso y sin coordinación interinstitucional. 

Para Altamirano, incluso la vigilancia militar carece de planificación. Considera que cada anillo debería estar a cargo de una institución distinta para que existan contrapesos y se eviten actos de corrupción. 

Análisis judicial

La abogada Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, coincide en que las Fuerzas Armadas no pueden sostener por sí solas un sistema diseñado para la rehabilitación y no para el castigo. 

A su criterio, el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) continúa administrado por personal sin formación penitenciaria, lo que ha convertido a la militarización en una medida de contención sin estrategia. “Ha traído una calma temporal, pero también abusos, porque los militares no están capacitados para el control penitenciario”, afirma.

Zumárraga considera que la intervención de las Fuerzas Armadas en la nueva Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, podría ser útil siempre que se acompañe de procesos de control y pruebas de confianza, para evitar que la corrupción que afectó al personal del SNAI se repita con los uniformados.

Tanto Altamirano como Zumárraga coinciden en que la calma que hoy se percibe en los centros penitenciarios es aparente. La falta de un modelo técnico y humano mantiene a las cárceles bajo el dominio de las mafias y con un Estado ausente. Sin una reforma estructural, advierten, la violencia podría volver en cualquier momento.

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