La Fiscalía confirmó que la muerte de Roberto Araldo Pinchupa Ramírez, un joven de 19 años, ocurrida durante un operativo militar en Santa Elena, no se debió a una sobredosis ni a problemas respiratorios, como inicialmente se mencionaba, sino a politraumatismos craneoencefálicos. Así lo reveló el fiscal del cantón Salinas, John Tipantasi, quien dirige la investigación penal en la que seis militares permanecen con prisión preventiva por el presunto delito de ejecución extrajudicial.

El caso se originó luego de que la Policía recibiera una alerta sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el Hospital Básico Rafael Serrano. Según el fiscal, el joven fue trasladado hasta esa casa de salud por personal militar, que posteriormente se retiró del lugar. Al constatar las lesiones visibles en el cuerpo, se activaron los protocolos investigativos y se dispuso el traslado del cadáver al Centro Forense de Santa Elena.

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Tipantasi explicó que, tras la autopsia practicada por un perito forense, se determinó que la causa del fallecimiento fue un politraumatismo craneoencefálico, descartando otras hipótesis iniciales. Este hallazgo se convirtió en uno de los principales elementos que sustentan la imputación contra los seis uniformados del Batallón Marañón, Unidad No. 14, que intervinieron en el operativo.

Las versiones recogidas por la Fiscalía tras el operativo militar

El fiscal detalló que, según las versiones recogidas durante la investigación, los militares ingresaron a un inmueble donde se encontraban cinco personas, entre ellas dos adolescentes de 16 años. Mientras los uniformados alegaron que actuaron ante una supuesta maniobra sospechosa de uno de los ocupantes, los testimonios de los ciudadanos intervenidos describen un escenario distinto: golpes, maltratos y torturas, que habrían incluido descargas eléctricas con cables del propio domicilio.

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Un elemento clave revelado por Fiscalía son las valoraciones médicas practicadas a las otras cuatro personas que se encontraban dentro de la vivienda. Tipantasi indicó que un perito distinto al que realizó la autopsia evaluó a los dos adolescentes y a los dos adultos, concluyendo que todos presentaban politraumatismos. Estas lesiones generaron incapacidades médicas que van desde 7 hasta 24 días, dependiendo de cada caso.

La teoría de la Fiscalía

Para el Ministerio Público, estos informes médicos confirman la teoría fiscal de que no se trató de un uso legítimo de la fuerza, sino de un procedimiento en el que las personas fueron agredidas y torturadas, incluido el joven que perdió la vida, detalló el fiscal.

Investigación paralela de la Fiscalía

De forma paralela, la Fiscalía abrió procesos penales contra las personas encontradas en el inmueble. Los dos adolescentes fueron procesados por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, mientras que los dos adultos enfrentan cargos por el mismo delito y por la posesión de un arma de fuego hallada en el lugar.

Finalmente, el fiscal precisó que el operativo fue ejecutado exclusivamente por personal militar, sin participación policial directa en el ingreso al inmueble. Aunque los adolescentes mencionaron la presencia de entre ocho y diez uniformados, la investigación determinó que los responsables directos del procedimiento fueron los seis militares actualmente procesados.

La instrucción fiscal por ejecución extrajudicial tendrá una duración de 30 días, período en el que se profundizarán las diligencias para determinar responsabilidades penales en este caso.

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