Las amenazas contra los jueces que conocen causas vinculadas al asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio quedaron documentadas en un oficio urgente remitido al ministro del Interior, John Reimberg, y al presidente del Consejo de la Judicatura. En el escrito, fechado el 8 de diciembre de 2025, los magistrados advierten un riesgo inminente para su seguridad personal, familiar y laboral, derivado de decisiones judiciales adoptadas en procesos penales sensibles relacionados con crimen organizado.

El oficio está suscrito por Inés Maritza Romero Estévez y Marco Patricio Navarrete Sotomayor, jueces de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Ambos señalan que las intimidaciones se produjeron tras su intervención en una causa penal por el delito de tenencia y porte de armas, seguida en contra de Luis Alfredo Arboleda Andrade, identificado en el expediente como alias Gordo Lucho o Gordo Luis y señalado como uno de los líderes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos.

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Según el documento, luego de que el tribunal resolviera la sentencia y se dispusiera el traslado del procesado a la cárcel La Roca, se evidenció una serie de actos irregulares, conductas intimidatorias y riesgos procesales, los cuales fueron comunicados a la Policía Nacional y a la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, los jueces aseguran haber recibido amenazas provenientes de números internacionales, hechos que fueron puestos en conocimiento de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección (DINPRO) para el levantamiento del parte policial correspondiente.

¿Cuándo incrementó el nivel de exposición de los jueces?

Los magistrados alertan que estas amenazas refuerzan la percepción de riesgo inminente que enfrentan en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales y evidencian la necesidad de medidas de protección urgentes y coordinadas. El nivel de exposición, advierten, se incrementó tras conocerse que Arboleda será vinculado el 12 de diciembre de 2025 en la investigación por el asesinato de Fernando Villavicencio Valencia, lo que, según el oficio, agrava de manera alarmante la vulnerabilidad de los operadores de justicia que intervienen en los procesos donde el imputado mantiene participación penal.

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El documento también revela que los jueces firmantes se encuentran conociendo una queja disciplinaria presentada contra la jueza María Daniela Ayala, quien estuvo a cargo en primera instancia de la causa relacionada con el asesinato de Villavicencio. En ese contexto, señalan que han surgido hechos presuntamente irregulares que incrementan la presión sobre los operadores de justicia, generando un riesgo adicional que compromete su seguridad y la de sus familias.

La solicitud de los jueces al Ministerio del Interior

Ante este escenario, los magistrados solicitaron al Ministerio del Interior el refuerzo integral de su seguridad personal y laboral, conforme a la normativa vigente de la Función Judicial. Además, pidieron la realización de un barrido electrónico especializado en sus oficinas y vehículos, con el fin de detectar y neutralizar posibles dispositivos de vigilancia, interceptación o geolocalización que puedan afectar su seguridad y la independencia judicial.

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