A las 19:03 del 22 de julio de 2025, el sonido de unas motocicletas interrumpió la rutina frente a un comisariato. En cuestión de segundos, unos hombres armados interceptaron a una mujer que salía del local y la subieron a la fuerza en un vehículo negro. La víctima era una de las propietarias del establecimiento, un negocio familiar con décadas de historia, en la parroquia La Unión, una de las más pobladas del cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas.

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La escena, grabada por un celular y compartida en redes sociales, no solo mostraba el secuestro, también el grito colectivo de impotencia en esta localidad, donde hace meses una ‘pandemia’ delictiva que ha transformado su cotidianidad.

El secuestro de la comerciante, cuyo paradero es incierto, se suma a por lo menos otros cuatro casos registrados en los últimos meses en la misma zona. Todos ellos con un patrón común: víctimas vinculadas al comercio, operativos rápidos, violencia y exigencias de sumas que oscilan entre los 10.000 y 50.000 dólares por rescate.

“Me llamaron y me dijeron que, si no pagaba, me devolvían a mi hermano por partes”, cuenta Marco (nombre protegido), cuyo familiar fue secuestrado en mayo. Pagaron el rescate con la venta de un terreno y ayuda de otros comerciantes. “Salió con vida, pero ya no es el mismo. Ni come ni duerme”, añade.

Cifras de delitos que estremecen

El drama de La Unión se inscribe en un fenómeno que golpea a todo el país. Entre 2022 y 2024, los secuestros en Ecuador se triplicaron: de 713 casos en 2022 a 2.095 en 2024. Entre enero y abril de 2025, la Policía contabilizaba 692 sucesos.

En Esmeraldas, la situación es particularmente grave. Según datos no oficiales recogidos por organizaciones locales de derechos humanos, la provincia concentra al menos el 12 % de los casos de secuestro del país, con picos en zonas urbanas como la capital provincial, pero también en parroquias rurales como La Unión.

Más preocupante aún es el incremento de secuestros extorsivos. En 2022, se reportaron 581 casos a nivel nacional; en 2024, ya eran 1.457. Para el primer cuatrimestre de 2025, la cifra alcanzó 417.

Aunque Guayas sigue siendo la provincia con mayor número de casos de secuestro, Esmeraldas lidera la tasa por habitante, seguida de Manabí y Los Ríos.

Unos comerciantes cierran sus negocios

Muchos negocios pequeños han cerrado. En otros laboran con persianas a medio abrir, horarios reducidos y una sensación constante de vigilancia. Las cámaras de seguridad, ahora obligatorias para quienes aún se atreven a trabajar, no detienen a los criminales. “Aquí lo único que se mueve sin miedo son las balas”, dice Rosario Pérez, vendedora de ropa que ha despedido a sus tres ayudantes por temor.

El impacto económico de esta ola de violencia es devastador. En La Unión, el 70% de los negocios formales y ambulantes reportan una caída en ventas de hasta un 60%.

El crédito informal se ha disparado y muchos comerciantes están vendiendo sus propiedades para pagar deudas o simplemente marcharse.

“Me voy a Quito, así tenga que empezar de cero vendiendo en las calles”, dice Ana C., dueña de una tienda de abarrotes. “Aquí te secuestran por vender huevos. Ya no se puede”, remarca.

El secuestro no solo arruina economías, también corroe la convivencia. En La Unión, las calles están más vacías después de las seis de la tarde. Las iglesias, antes llenas en las novenas, ahora apenas congregan a pocas decenas de feligreses.

La desconfianza es general. “Yo ya no mando a mis hijos a comprar pan solos”, dice María Elena, madre de tres.

La Unión, como muchas otras parroquias de Esmeraldas, es hoy un ejemplo de cómo la violencia desarticula no solo el tejido económico, sino el emocional y social de una comunidad. Vivir con miedo ha dejado de ser una metáfora. Es una condición diaria.

El pedido hecho por autoridad

• Más seguridad.- El alcalde del cantón Quinindé ha pedido públicamente más presencia policial, pero la parroquia solo cuenta con una subestación donde trabajan seis agentes, sin patrullero propio.
• Acción de comunidad.- Los habitantes han comenzado a organizar rondas comunitarias, aunque saben que enfrentarse a bandas armadas es una lucha desigual.

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