Padre denuncia otro presunto caso de maltrato en escuela para personas con discapacidad de Quito
El denunciado alerta que pretenden intimidarlos para que no hablen sobre las supuestas irregularidades. Abogada explica proceso que se debe seguir en este caso
EXTRA se acercó al plantel para conocer más detalles del caso denunciado, pero indicaron que no están autorizados para hablar.
El padre de una alumna de una unidad educativa especializada de Las Cuadras, en el sur de Quito, asegura que las autoridades del plantel estarían intimidándolo para que no divulgue supuestas irregularidades.
Esto luego de que Diario EXTRA publicó la denuncia de un supuesto caso de secuestro a un estudiante con discapacidad, en el que estaría involucrada la conductora de una de las furgonetas que brindan el servicio de transporte.
¿Qué dijo la víctima?
En el documento se detalla que, según la madre, al adolescente lo habrían llevado en contra de su voluntad a una mecánica del sur de la capital, donde lo tuvieron por horas, sin saber el propósito.
El menor le habría dicho a su madre que la conductora de la buseta presuntamente no le dejó que se bajara, lo llevó al taller y le amenazó para que no contara nada de lo sucedido.
Este plantel educativo tiene cerca de 100 estudiantes en los niveles de básica, escuela y bachillerato. Tiene más de 10 años en el sector de Las Cuadras.
La señora habría acudido al colegio para alertar el hecho, pero supuestamente no le hicieron caso. Por ello acudió a la Fiscalía de Pichincha.
Temor a represalias
Un padre de familia, quien prefirió no revelar su nombre, comentó que días después de que se publicó el caso en este Diario, las autoridades del plantel se habrían reunido con los representantes de los estudiantes para anunciarles que se haría una licitación de transporte.
El señor, indignado, comentó que las autoridades tuvieron que esperar que se presentara una situación así para tomar medidas. En su caso, aseguró que a su hija le quitaron el recorrido porque, según él, habría reclamado que las unidades no están en óptimas condiciones para trasladar a personas con discapacidad.
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Su pequeña se moviliza en silla de ruedas y, desde que le quitaron el medio de transporte, él ha tenido que trasladarla por su cuenta o llevarla en taxi. Vive a pocas cuadras de la escuela, pero asegura que el servicio es fundamental.
El chico habría sido llevado en la buseta de una conductora.
Además, el padre de familia explica que las autoridades de la unidad educativa deberían ser más empáticos con los estudiantes, porque supuestamente solo los que llegan en recorrido pueden ingresar por la puerta principal. El resto lo hace por la puerta trasera.
“Los taxis no saben querer llevarnos porque nos demoramos en subir con mi hija y la silla al vehículo”, contó.
Aspecto legal
La abogada Kassandra Andrade, experta en derechos humanos, explicó que para analizar cualquier caso de presuntos actos violentos que vulneren los derechos de un niño o adolescente con discapacidad, se debe tener en cuenta que ellos tienen doble vulnerabilidad: una por ser menores de edad y otra por su condición.
La jurista señala que el protocolo para atender este tipo de emergencias es el mismo que se aplica para todos los estudiantes, con la diferencia de que en estos casos se lo hace con enfoque de discapacidad.
Madres de estudiantes están preocupadas por el caso que se habría dado en el plantel.
En este caso, Andrade mencionó que la institución debería abrir un proceso investigativo interno para determinar responsabilidades y dar seguimiento oportuno a la víctima.
Añadió que en este tipo de escenarios lo que debe primar es la salud mental y física del estudiante. La abogada dijo que si la víctima asiste a clases, se debe separar al presunto agresor. “La madre del niño debe realizar la insistencia de respuesta en el colegio para ver qué hacen a nivel interno o administrativo. Si la respuesta es nula, debe ir al Distrito de Educación”, precisó.
Diario EXTRA se acercó por dos ocasiones al plantel para hablar con las autoridades y conocer más detalles de estos casos, y para saber qué medidas han tomado al respecto, pero indicaron que nadie está autorizado a dar declaraciones.
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Además, se envió una solicitud de información al Ministerio de Educación, desde donde indicaron que se remita la solicitud, mediante oficio, a la Subsecretaría de Educación, Deporte y Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Hasta el cierre de esta edición no ha llegado la respuesta.