El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, comenzó este 17 de junio la presentación de sus testigos en el juicio por peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas y Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción, procesados dentro del caso Reconstrucción de Manabí.

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Su propósito es demostrar ante los jueces del tribunal que, en el marco de la reconstrucción de Manabí, se impulsaron 11 proyectos que no eran prioritarios y que habrían beneficiado intereses particulares en la asignación y firma de contratos, así como irregularidades en los montos cancelados por contratos complementarios y de fiscalización.

El monto del perjuicio ocasionado por el presunto “abuso de fondos públicos” asciende, según la Fiscalía, a 225,3 millones de dólares.

El primer testigo que compareció fue Byron Pacheco, exfuncionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Explicó que presentó una denuncia en la Fiscalía luego de que el CPCCS realizó una investigación sobre los fondos destinados a la reconstrucción.

El segundo testigo fue Gabriel Alcívar, exalcalde de Pedernales. Contó que en 2016, tras el terremoto, su administración priorizó obras urgentes como el suministro de agua potable, alcantarillado, regeneración urbana, la construcción de un hospital y la reconstrucción del edificio municipal. Sin embargo, se ejecutó un puerto pesquero que no formaba parte de esas prioridades.

También relató que en ese entonces se instalaron escuelas móviles para que los niños pudieran recibir clases, y reveló que, nueve años después, los estudiantes aún asisten a esas escuelas por falta de infraestructura definitiva. “Era un alcalde desesperado de una ciudad destruida. Queríamos que alguien nos ayude”, dijo.

La defensa de Glas y Bernal

Las defensas de Glas y Bernal basaron su alegato en varios puntos que, a su criterio, son débiles. Por ejemplo, dijeron que probarán que Bernal no tenía la facultad para firmar contratos o adjudicarlos. Además, tampoco Fiscalía probó si hubo desviación de recursos públicos, pues “las obras están ahí”.

Roberto Calderón, abogado de Bernal, cuestionó la falta de sustento técnico para excluir el parque Las Vegas y el puerto de pescadores como proyectos prioritarios, argumentando que sí han contribuido a la reactivación económica de la provincia.

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