La noche del 14 de mayo y la madrugada del 15, tres servidores policiales fueron aprehendidos tras ser señalados como presuntos responsables de un caso de extorsión. La denuncia fue presentada por un ciudadano, quien informó que su hermano fue retenido durante un supuesto operativo policial en su vivienda, siendo posteriormente trasladado a un lugar desconocido.

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Según el testimonio del denunciante, recibió varias llamadas en las que se le exigía el pago de $2.000 a cambio de la liberación de su familiar. Aunque solo logró reunir $1.000, fue citado por los presuntos extorsionadores a una gasolinera ubicada cerca de una urbanización en la avenida Rodríguez Bonín, donde entregó el dinero a un individuo que descendió de un vehículo Suzuki blanco. Tras recibir el efectivo, el sujeto se retiró caminando.

El sospechoso fue interceptado momentos después. En su poder se encontró un fajo de billetes y un teléfono celular con una videollamada activa mediante WhatsApp a un contacto identificado como “Cy”. Declaró ser una fuente registrada de la Dirección General de Inteligencia (DGI) y aseguró que el dinero debía ser entregado a unos policías, a cambio de lo cual recibiría $20 por su colaboración.

Asentaron denuncia en la Fiscalía

La víctima lo identificó como la persona que recibió el dinero. Además, proporcionó el número telefónico desde el cual se realizaron las llamadas extorsivas, línea que, tras una investigación técnica, fue rastreada hasta un subteniente activo de la DGI.

A las 23:00 del mismo día, personal de la DGI llegó a los patios del Distrito Modelo Guayaquil (DMG) en una camioneta Ford Ranger negra. En ese lugar fueron identificados tres servidores policiales presuntamente involucrados: un subteniente, un cabo primero y un policía en servicio activo.

El hermano de la víctima llegó hasta la Fiscalía de Flagrancia del Cuartel Modelo para formalizar la denuncia. Con base en los indicios recabados, se procedió a la aprehensión de los tres uniformados, quienes fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial competente.

En la audiencia de formulación de cargos, el juez de la causa acogió lo establecido en el artículo 522, numerales 1, 3 y 4 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), disponiendo las siguientes medidas cautelares:

• Arresto domiciliario

• Colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica

• Prohibición de salida del país

• Evaluación de seguridad en los domicilios de los implicados

Las investigaciones continúan con el fin de determinar la responsabilidad de los involucrados y establecer si existen más víctimas de este presunto caso de corrupción policial.

Pronunciamiento oficial

A través de un comunicado, la Policía Nacional del Ecuador confirmó que los policías involucrados fueron aprehendidos por servidores policiales de la Unidad de Conducta Policial por el presunto delito de secuestro extorsivo.

La institución detalló que los uniformados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente y que se les dictaron las medidas cautelares respectivas.

“La institución actuó con total transparencia y firmeza frente a estos hechos y brindando toda la colaboración a los entes de justicia para esclarecer y, de ser el caso, sancionar lo ocurrido. La lucha contra la corrupción y la depuración son primordiales en nuestra institución”, señala el comunicado oficial.

Otros casos que involucra a policias

El pasado 22 de abril, un ciudadano denunció que fue interceptado por seis policías, quienes lo sometieron bajo amenazas, le arrebataron 14.000 dólares y le advirtieron que no debía presentar ninguna denuncia.

El viernes 25 de abril, un comerciante informal de aparatos tecnológicos fue interceptado por seis policías en la calle Gómez Rendón, en el sur de Guayaquil. El hombre se movilizaba con otra persona cuando fue detenido por los uniformados, quienes se desplazaban en una camioneta oficial de color concho de vino.

Tras las investigaciones, cinco de los seis policías involucrados fueron detenidos. La captura se ejecutó la mañana del sábado 26 de abril en las instalaciones de la Policía Judicial, ubicadas en la avenida Rodrigo Bonín.

Uno de los agentes fue sometido a dos audiencias judiciales: una por el presunto delito de tráfico de drogas a gran escala y otra por secuestro extorsivo. Los otros cuatro uniformados fueron procesados únicamente por el delito de secuestro extorsivo.

No obstante, dos de los cinco policías detenidos recibieron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, tras presentar certificados médicos que acreditaban que tienen familiares con enfermedades catastróficas.

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