El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aún no admite a trámite la denuncia presentada por el exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Esteban Guarderas, contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. 

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Guarderas acusa al burgomaestre de haber incurrido en campaña política anticipada a favor de la excandidata presidencial Luisa González durante los comicios de 2023.

Denuncia por presunto proselitismo político

Guarderas sostiene que Álvarez promovió la candidatura de González —entonces aspirante por el movimiento Revolución Ciudadana— aprovechando actos públicos oficiales, lo que podría constituir una infracción electoral. Según el denunciante, el alcalde habría emitido declaraciones y participado en eventos que se alineaban con una estrategia de promoción electoral indebida, valiéndose de su cargo como figura pública.

El juez Viteri pide documentación adicional

La causa está bajo la responsabilidad del juez electoral Joaquín Viteri, quien emitió un pronunciamiento solicitando a Guarderas que complete su denuncia. El magistrado le otorgó un plazo de dos días para presentar información complementaria que sustente su acusación.

Entre los requerimientos están: la lista de testigos, con nombres completos, copias de cédula de identidad, domicilio, profesión, correo electrónico y una descripción de los hechos que estos testificarían. También se exige la entrega de pruebas materiales, como videos, grabaciones, informes técnicos o peritajes que respalden los señalamientos hechos contra Álvarez.

"El anuncio de los medios de prueba que se ofrece para acreditar los hechos. Acompañará la nómina de testigos, con copias de cédulas y con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, tales como los informes de peritos, la exhibición de audiovisuales, informes institucionales y otras similares según corresponda", solicitó el TCE a Esteban Guarderas.

El proceso está en etapa previa

La solicitud de ampliación de pruebas es un paso previo a la admisión de la causa. Si Guarderas no cumple con los requisitos en el tiempo establecido, el TCE podría archivar la denuncia conforme al artículo 7 del Reglamento de Trámites de la institución, el cual establece que se debe entregar toda la documentación completa para que el proceso continúe.

Posibles consecuencias legales

Si el tribunal encuentra fundamentos para admitir la denuncia y eventualmente declara que Álvarez cometió una infracción electoral, las consecuencias podrían ser económicas o incluso inhabilitantes. Un precedente reciente es el del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien fue sancionado con una multa de $9.200 por una falta similar.

Guarderas ha manifestado públicamente que su intención con esta acción legal es “proteger la institucionalidad” y garantizar la equidad electoral. Mientras tanto, Aquiles Álvarez no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema.

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