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Exjuez Wilman Terán recibe tercera sentencia de cárcel por asociación ilícita
La Corte Nacional condena al exjuez Wilman Terán por manipular concurso judicial en 2023, sumando así su tercera pena de prisión
El exjuez de la Corte Nacional de Justicia y expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, recibió este 7 de julio de 2025 una nueva condena de seis años y ocho meses de prisión por el delito de asociación ilícita, dentro del caso denominado Pantalla. Esta es la tercera sentencia en su contra, aunque ninguna ha quedado aún en firme debido a procesos de apelación en curso.
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El fallo fue emitido por un Tribunal de Juicio de la Corte Nacional, compuesto por los jueces Marco Vinicio Rodríguez Mongón (ponente), Javier de la Cadena y Rodrigo Sarango, quienes determinaron que el concurso público de 2023 para elegir jueces de la Corte Nacional fue manipulado con el objetivo de favorecer a perfiles afines a Terán.
Además de la pena privativa de libertad, el Tribunal ordenó el pago de $35.877 como reparación material, una cifra que representa la parte proporcional del costo del concurso, estimado en $215.000, y que deberá ser cubierta entre los sentenciados. Se impuso también una multa de 12 salarios básicos unificados, así como medidas de reparación integral, entre ellas la publicación del fallo y la presentación de disculpas públicas por parte del exjuez.
¿Cómo operaba la red liderada por Terán?
Según la Fiscalía General del Estado, Terán encabezaba una estructura ilícita que operó dentro del Consejo de la Judicatura para influir indebidamente en el proceso de selección de magistrados de la Corte Nacional. En concreto, se intentó beneficiar a Anabel Torres, jueza de Santo Domingo y cercana al exfuncionario.

Los involucrados, entre ellos Santiago Cifuentes, Fabricio Herrera y David Guzmán, exfuncionarios del Consejo, reconocieron haber gestionado un segundo examen de confianza para Torres, luego de que reprobara el primero. Asimismo, admitieron haber obtenido de manera irregular el banco de preguntas del concurso y manipulado el sistema para favorecer a determinados postulantes.
Durante el juicio, se presentaron 23 testigos, 3 testimonios anticipados y 36 pruebas documentales. Entre las evidencias más relevantes constan:
- Bitácoras de ingreso al Consejo de la Judicatura que registran visitas de Torres
- Reportes de celdas telefónicas que evidencian comunicaciones frecuentes entre los procesados
- Informes técnicos que detectaron alteraciones informáticas
Uno de los elementos clave fue el testimonio del perito Milton Jaque, quien concluyó que el portal del concurso carecía de trazabilidad, presentaba registros manipulados y 61 calificaciones no coincidían con la base de datos oficial. “Hubo manipulación del sistema informático”, señaló.
Cifuentes y Herrera eran asesores de Terán, mientras que Guzmán se desempeñaba como director general del Consejo de la Judicatura. Los tres afirmaron que actuaron bajo instrucciones directas de Terán, con el propósito de asegurar que jueces cercanos a su línea de influencia política accedieran a cargos clave. Sin embargo, la causa penal solo avanzó formalmente por el caso relacionado con Torres.
¿Qué dice Wilman Terán sobre su condena?
El exjuez no reconoce responsabilidad en los hechos y se mantiene firme en su defensa. Durante el proceso, afirmó que los testimonios que lo incriminan son contradictorios y forman parte de una estrategia de sus excolaboradores para “cooperar con la Fiscalía a cambio de beneficios penales”. También denunció que el juicio es parte de una persecución política en su contra.
A esta nueva condena se suman otras dos penas previas:
- Caso Metástasis (noviembre de 2024): 9 años de prisión por delincuencia organizada. Se lo relacionó con decisiones judiciales a favor del narcotraficante Leandro Norero
- Caso Independencia Judicial: 4 meses de cárcel por obstrucción a la justicia
Todas estas condenas están actualmente en fase de apelación y por tanto no se encuentran ejecutoriadas.
Con esta tercera sentencia, la situación legal de Wilman Terán se complica aún más, mientras los procesos judiciales continúan su curso y podrían redefinir su futuro político y judicial.
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