En una decisión unánime de la sesión No. 053-2025, el Consejo de la Judicatura (CJ) removió de su cargo al juez B.F.R.C., titular de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca, por conceder ilegalmente beneficios procesales a 28 reclusos.

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El organismo disciplinario determinó que el magistrado incurrió en una "infracción gravísima" al conceder de manera irregular beneficios penitenciarios incluyendo regímenes semiabiertos y prelibertades a las 28 personas privadas de libertad que no cumplían con los requisitos legales establecidos en la normativa vigente.

El caso ha motivado que el organismo anuncie auditorías especiales en otras unidades judiciales similares para prevenir situaciones análogas. La Fiscalía General del Estado estaría evaluando si los hechos configuran el delito de prevaricato, lo que podría derivar en acciones penales adicionales contra el exjuez.

Denuncias acumuladas llevan a investigación contra juez de Cuenca

El proceso judicial que culminó con la destitución del magistrado se originó el 17 de diciembre de 2024, cuando los asambleístas Sofía Sánchez, Adrián Castro, Leonardo Berrezueta y Diego Matovelle  presentaron una denuncia formal ante las autoridades. Esta acción motivó que, el 29 de enero de 2025, la Sala Penal Especializada de la Corte Provincial de Azuay emitiera un pronunciamiento preliminar sobre el caso.

Las indagaciones demostraron un patrón de decisiones irregulares donde el juez concedió beneficios penitenciarios a reclusos condenados por:

• Delitos sexuales (violación)
• Homicidios calificados
• Robos con violencia
• Narcotráfico

La otorgación de beneficios penitenciarios de manera irregular no solo vulneró la integridad de procesos judiciales legítimamente establecidos, sino que también configuró un escenario propicio para la consolidación de la impunidad. Este tipo de actuaciones ha tenido un impacto negativo directo en la percepción pública sobre la imparcialidad y eficacia del sistema de justicia, debilitando así su legitimidad institucional.

La remoción del juez tiene como propósito fundamental recuperar la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y asegurar que la concesión de beneficios penitenciarios se realice estrictamente dentro del marco legal. Este caso sienta un precedente relevante en el combate contra la impunidad y en la promoción de la legalidad dentro del sistema judicial del Ecuador.

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