La aprobación de la denominada Ley de Solidaridad Nacional, en la Asamblea Nacional, es considerada clave en la estrategia para enfrentar al crimen organizado en el contexto del conflicto armado interno, declarado en enero de 2024 por el actual presidente, Daniel Noboa.

Para esa época, el mandatario declaró como terroristas a más de 20 bandas criminales. Con el fin de combatirlas, se ordenó la presencia no solo de la Policía sino de las Fuerzas Armadas en las calles. Sin embargo, la violencia se incrementó y había un vacío legal en esa declaratoria.

Si bien hubo personas detenidas que fueron ligadas a las agrupaciones, no se abrieron procesos por terrorismo. Ahora el panorama cambiaría con la aprobación de la ley.

La norma contempla penas de hasta 30 años de prisión para quienes integren, financien o lideren bandas criminales. El texto fue tramitado con carácter económico urgente y obtuvo 84 votos a favor. Uno de sus puntos centrales es la criminalización directa de la pertenencia a organizaciones armadas, con sanciones que van desde los 26 hasta los 30 años de cárcel, dependiendo del rol del acusado dentro del grupo.

La justicia dentro de la Ley de Solidaridad Nacional

También se agravan las penas por transporte de combustibles usados por mafias, que pueden alcanzar hasta 16 años en zonas fronterizas. La ley introduce un régimen procesal especial: detención en flagrancia por 72 horas, prisión preventiva obligatoria y juicios en una sola audiencia, a cargo de fiscales y jueces especializados.

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Para especialistas en política como Mauricio Alarcón, más allá del endurecimiento de penas, que podría de entrada considerarse positivo, hay que echar ojo a la situación general del sector justicia.

“Mientras no se depure a jueces y fiscales, se pueden poner las mejores y más duras penas, que continuará reinando la impunidad”. Por ello, Alarcón considera que se debe trabajar para evaluar a jueces y fiscales con apoyo internacional, depurando así la justicia y quitando de en medio elementos que han sido comprados por los grupos de delincuencia organizada (GDO).

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