Ecuador ha establecido un sistema formal para proteger sus territorios de alto valor ambiental. El país sudamericano dispone de 78 áreas protegidas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), creado para preservar ecosistemas tanto terrestres como marinos, continentales e insulares. En total, estas zonas abarcan aproximadamente 26 millones de hectáreas, lo que representa alrededor del 19% del territorio nacional.

La función principal de estas áreas es asegurar la conservación de la biodiversidad, la conectividad ecológica y los servicios ecosistémicos esenciales. De acuerdo con la legislación ambiental vigente y la Constitución del Ecuador, estas zonas gozan de la máxima categoría de protección como parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE).

Subdivisiones del sistema y su administración

El SNAP está compuesto por cuatro tipos de subsistemas según la gestión y tenencia del territorio: estatal, comunitario, privado y de gobiernos autónomos descentralizados (GAD). El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAE) es el órgano rector responsable de establecer políticas y directrices para la gestión y control del subsistema estatal (PANE). 

Además, la institución impulsa herramientas normativas para que otras entidades (como gobiernos locales, comunidades organizadas y propietarios privados) puedan declarar nuevas áreas protegidas bajo los otros tres subsistemas reconocidos por ley.

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• 56 son de administración estatal.
• 11 corresponden a iniciativas privadas.
• 8 pertenecen a los GAD.
• 3 son gestionadas por comunidades.

Importancia ecológica, social y económica

Según el MAE, el SNAP alberga una valiosa biodiversidad y ofrece servicios ecosistémicos fundamentales tanto para zonas rurales como urbanas. Su relevancia ecológica ha sido reconocida internacionalmente, y muchas de estas áreas tienen potencial para el desarrollo turístico sostenible.

Un estudio citado por el MAE en 2022 estimó que las áreas protegidas del SNAP recibían alrededor de 1,5 millones de visitantes cada año. Este movimiento turístico generaba ingresos anuales de aproximadamente 450 millones de dólares, lo que representaba hasta ese momento el 35% del Producto Interno Bruto (PIB) vinculado a actividades relacionadas con este sector.

Las declaratorias, administración y regulaciones que rigen estas áreas están enfocadas en garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, además de proteger la integridad de los ecosistemas terrestres, marinos e insulares.

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